La ONG mencionó que las autoridades cometieron violaciones generalizadas de derechos humanos durante el régimen de excepción que está vigente desde 2022, incluyendo detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas y tortura.
Mundo17/01/2025
El Gobierno del presidente Nayib Bukele ha desmantelado sistemáticamente la democracia en El Salvador, socavado el Estado de derecho y el país enfrenta importantes desafíos en materia de transparencia, señaló la organización Human Rights Watch (HRW) en un informe divulgado este jueves.
"Desde que asumió el cargo en 2019, el gobierno de Bukele ha desmantelado sistemáticamente las instituciones democráticas y ha concentrado el poder en el Ejecutivo", indicó la organización sobre la actual gestión, que en febrero pasado ganó las elecciones presidenciales para el periodo 2024-2029 a pesar de que la Constitución prohibe la reelección inmediata. "Su partido, Nuevas Ideas, obtuvo una supermayoría legislativa en parte gracias a reformas previas al sistema electoral", apuntó.
"Ambiente hostil"
La organización no gubernamental (ONG) dijo que el gobierno de Bukele ha debilitado el Estado de derecho, al influir en los tribunales y aprobar leyes que le dan más control sobre el poder judicial. "En septiembre, la Asamblea Legislativa eligió a siete nuevos magistrados de la Corte Suprema. Organizaciones de la sociedad civil criticaron la falta de transparencia en el proceso y expresaron preocupaciones sobre la falta de independencia de los candidatos", recordó.
Además, señala que El Salvador enfrenta importantes desafíos en cuanto a transparencia, debido a que el gobierno ha restringido severamente el acceso a la información pública. Citando datos de Cristosal, una organización sin fines de lucro con sede en El Salvador dedicada a la defensa de los derechos humanos, HRW resaltó que más del 73 por ciento de las solicitudes de información son negadas o ignoradas. "Esta falta de transparencia permite la corrupción potencial y limita la supervisión ciudadana", aseguró.
HRW incluyó en su informe que el Gobierno ha creado un ambiente hostil para periodistas, líderes sindicales y activistas de la sociedad civil. "Los funcionarios han intentado desacreditar el trabajo de los periodistas y organizaciones de la sociedad civil, incluso acusándolos de ser 'defensores de las pandillas'", afirmó.
Violaciones de derechos humanos
Aunque consideró notable que la violencia relacionada con las pandillas disminuyó, HRW mencionó que las autoridades cometieron violaciones generalizadas de derechos humanos durante el régimen de excepción que está vigente desde 2022, incluyendo detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, tortura, y otros malos tratos en detención y graves violaciones del debido proceso.
"Bajo el régimen de excepción, la policía y los soldados han realizado cientos de operativos indiscriminados, particularmente en comunidades de bajos ingresos, deteniendo a más de 83.000 personas, entre ellas más de 3.000 niños", señaló. "A menudo, las detenciones parecen haberse basado en la apariencia física de los detenidos y en denuncias anónimas, en lugar de evidencia creíble", advirtió HRW para indicar que, en muchos casos, los detenidos no tienen conexiones aparentes con la violencia de las pandillas.
"Grupos locales e internacionales de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias masivas, tortura y, en algunos casos, violencia sexual contra mujeres y niñas en detención, y desapariciones forzadas", agregó, enfatizando en que las autoridades no informaron sobre acusaciones, imputaciones o condenas contra ningún policía o soldado en relación con estos abusos.
HRW alertó que el encarcelamiento masivo elevó la población carcelaria de El Salvador a aproximadamente 108.000 detenidos, lo que excede en 38.000 la capacidad oficial y empeora las ya precarias condiciones penitenciarias. "Al menos 261 detenidos han muerto en prisión durante el régimen de excepción", precisó, citando nuevamente datos de la ONG Cristosal.
Género y sexualidad
La organización también hizo referencia a que El Salvador no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo ni el reconocimiento legal de género para personas transgénero y que carece de una legislación integral contra la discriminación hacia las personas de la comunidad LGBTI.
"El Poder Legislativo sigue ignorando una orden de la Corte Suprema de 2022 para crear un procedimiento de reconocimiento legal de género que permita a las personas transgénero cambiar sus nombres en los documentos de identidad", remarcó. "En mayo, la nueva Asamblea Legislativa eliminó varias comisiones legislativas especializadas, incluida su Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, que existía desde 2009", apuntó.
HRW recordó que en febrero el Ministerio de Salud ordenó la eliminación de todo material oficial que hiciera referencia a la diversidad sexual y a las personas LGTBI. "El Ministerio de Educación también ordenó la eliminación de todo material relacionado con la 'ideología de género', un término general y vago que suele utilizarse para desacreditar los derechos de las mujeres y las personas LGTBI", añadió.
FUENTE: Pagina 12
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