Espionaje: Saín sera juzgado por la justicia santafesina

Un fallo de la Cámara de Casación Penal de la Nación ratificó la intervención de la Justicia provincial en la causa que investigó por espionaje ilegal al exministro de Santa Fe, Marcelo Sain, durante su paso por la cartera de Seguridad.

La reciente resolución lleva la firma de los camaristas Diego Gustavo Barroetaveña, Daniel Antonio Petrone y Carlos Alberto Mahiques que declararon inadmisible un recurso interpuesto por el entonces senador nacional, Roberto Mirabella (actualmente diputado nacional) el cual solicitó que la investigación se tramite en el Juzgado Federal N°1 y no en la Fiscalía de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.

En aquel pedido, el legislador había planteado que los hechos debían ser investigados en el fuero federal ante una presunta violación a la ley de inteligencia nacional (N°25.520) ya que varias de las personas “espiadas” o “perfiladas” pertenecían a organismos nacionales. De hecho, Mirabella ocupaba una banca en el Senado de la Nación, cuando el caso salió a la luz en noviembre del 2021. Sin embargo, a lo largo de distintas instancias, la Justicia federal rechazó los planteos del legislador.

Primero fue el Juzgado federal N°1 de Santa Fe, a cargo en ese entonces por Reinaldo Rodríguez; después fue en 2023 la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario la que dio otro rechazo; y recientemente la Sala I de la Cámara de Casación que rechazó la presentación de Mirabella y ratificó al fuero provincial para seguir al frente de la causa contra Saín y su gabinete de funcionarios.

Pedidos de prisión

El reciente fallo de Casación llegó en un momento en que la Fiscalía del caso presentó la acusación para llevar a Sain a juicio tras imputarlo de haber sido jefe de una asociación ilícita, violar la Ley Nacional de Inteligencia número 25.520; malversar caudales públicos; abusar de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; instigar la destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionario público).

 Por tales delitos, los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg, anticiparon en su elevación a juicio que pedirán una pena de 11 años de prisión efectiva para el exfuncionario provincial y una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena.

 Por la causa también se encuentran imputadas la exdirectora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman (48), a quien la Fiscalía le imputó haber sido organizadora de la asociación ilícita investigada. Para ella, el fiscal Hernández pidió 9 años de prisión.

También se encuentra sujeta al proceso, la exjefa de Departamento de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones (OI), Débora Vanina Cotichini (48), a la cual el fiscal le pide la misma pena que a Schujman.

 El pedido de juicio alcanza además al exsecretario de Seguridad Pública del Ministerio, Germán Montenegro (57), para quien el fiscal le solicita una pena de 7 años por haber sido presuntamente miembro de la asociación ilícita investigada y además cometer una serie de delitos: malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales; destrucción de documentos.

 En menor rango, se encuentran acusados el exsubsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez (37), y el exsubsecretario de Control Institucional del Ministerio de Seguridad de la provincia, Diego Alfredo Rodríguez (44), a los cuales Hernández les pide 5 años de cárcel más la inhabilitación. No obstante, existe un pedido de tres años de cárcel para la excontratada por la Subsecretaría de Control, Milagros Bernard (31).

Perfiles

Sain y el resto de los imputados están acusados de haber formado parte de una organización criminal que funcionó de forma permanente, estable y organizada durante aproximadamente dos años: por lo menos desde el 30 de diciembre de 2019 y hasta el 26 de noviembre de 2021.

 Para la Fiscalía, la organización tuvo una “estructura piramidal” encabezada por Sain y Schujman y Cotichini, quienes diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema destinado a cometer y permitir la comisión de delitos, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados.

 Según la acusación, los exfuncionarios, durante su paso por el Estado, hicieron “informes de inteligencia” en los que incluyeron desde datos acerca de multas de tránsito hasta antecedentes penales, registros de salidas al exterior, bienes, capacidad financiera y hasta publicaciones en sus cuentas de redes sociales. Dichos informes se llamaron "perfiles" y se confeccionaron a partir del uso de bases de datos públicas y privadas (abiertas y de acceso restringido); legajos y expedientes penales e información obtenida en “tareas de calle”.

 Entre los perfilados, había funcionarios públicos de los tres poderes del Estado; empresarios; sindicalistas; militantes sociales; abogados y otros profesionales. También se hallaron una gran cantidad de personas jurídicas (públicas y privadas).

FUENTE: Aire de Santa Fe