Las cinco razones por las que bajaron los homicidios en Rosario

El opositor más claro y definido al gobierno de Maximiliano Pullaro es el crimen organizado. Es un escenario nuevo en la Argentina. No sólo porque la oposición política a Pullaro está deshilachada, en medio de una labor titánica de redefinirse, sino porque el narcotráfico tiene hoy un poder que reaparece de manera impredecible, dónde los gerentes de este negocio quieran exponerlo. La experiencia reciente indica que es con mayor impacto, con terror.

Por eso, el gobierno provincial prefiere no celebrar los números positivos que salen de las estadísticas, a diferencia del estilo de la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, envuelta en una coyuntura política diferente en el gabinete de Javier Milei.

Pullaro elige ser cauto, porque la delgada línea de cierta tranquilidad se puede romper en cualquier momento, como ocurrió a principios de marzo pasado, cuando desde las cárceles de Piñero y Ezeiza salieron las órdenes para que chicos menores de edad mataran a cuatro trabajadores al azar.

El gobernador analiza cada día las planillas de homicidios, de heridos de armas de fuego, de la cantidad de patrulleros que están en la calle. Sigue de cerca cada movimiento de la Policía.

La baja en los asesinatos en Rosario es profunda. De 138 crímenes que se produjeron el año pasado en este periodo, descendió a 52. Son 86 personas que no murieron por balas que sirven para sustentar un negocio, que durante la última década traccionó a costa de la violencia, y transformó a Rosario en la ciudad con más homicidios del país, con tasas de criminalidad cercanas a países de América latina que atraviesan este flagelo hace mucho tiempo.

¿Qué ocurrió para que esto suceda? ¿Hay alguna explicación concreta que aporte argumentos en base a medidas que se tomaron para descifrar el descenso de los asesinatos?

En el gobierno creen que hay una conjunción de factores. No hay un solo detonante que haya servido para generar esta situación. El primero, según esgrimen, es la política penitenciaria que aplicó el gobierno tras asumir en diciembre pasado, cuando reagrupó a los presos de alto perfil en las cárceles de Piñero y Coronda. El descontrol en las cárceles era inaudito. Se incrementaron las requisas y los controles para evitar el ingreso de droga, armas y celulares.

En el Ministerio de Seguridad, a cargo de Pablo Coccoccioni, consideran que lograron cortar los nexos entre las segundas líneas de las bandas narco con el “afuera”. Se interrumpió el flujo de órdenes que se daban desde los pabellones para matar, extorsionar o balear. Los fiscales coinciden en que hubo un efecto concreto en estas medidas.

La segunda explicación que dan en el gobierno es “la calle”, que estaba no sólo despoblada de policías, sino bajo control, en muchas zonas, de las bandas narco, como lo muestra el crecimiento de homicidios en los últimos dos años en el oeste rosarino, puntualmente en los barrios Ludueña y Empalme Graneros, donde segundas líneas de la banda de Los Monos mantenían un duelo por el control del lugar contra Francisco Riquelme, aliado de Esteban Alvarado.

En el control de la calle que tienen las fuerzas de seguridad, según el gobierno, fueron claves el incremento del patrullaje y el desembarco en cuatro zonas de las fuerzas federales. Entre los grupos de caminantes y móviles policiales se llegó en la última semana a 250 unidades en las calles. Por estos días hay un promedio de 150 móviles con funciones de seguridad preventiva. Si se suman los 50 móviles enviados por la provincia de Buenos Aires, que opera Gendarmería, el número llega a unos 300.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Coccocioni, dijo que cuando asumieron en diciembre solo contaban con 18 patrulleros en condiciones para salir a la calle en la ciudad de Rosario. El contraste es intenso. En el gobierno pretenden que el patrullaje se incremente, luego de la compra de 700 patrulleros y unas 500 motos.

En la gestión de Pullaro explican que el aumento de los patrullajes no es la causa exclusiva de la baja de la violencia, pero incide cuando mostrar que el Estado tiene el control del territorio, algo que hasta ahora no pasaba.

Otro punto que es importante es que la reestructuración de la Fiscalía de Rosario, que fue intervenida, cortó con una tendencia que se había acentuado en los últimos años, en los que había grupos de policías, entonces alistados en la Agencia de Investigación Criminal, que trabajaban casi exclusivamente para determinados fiscales. Este esquema, según delinearon, conspiraba contra la generación de investigaciones y gestaba internas en la Policía de Investigaciones, que también fue reconfigurada.

Hay un cuarto punto, que sale de lo común en los análisis, que tiene que ver con la presencia cada vez más fuerte y profunda de los pastores evangélicos, tanto en las cárceles, como en el trabajo territorial del Estado. Es una alianza que gestó Pullaro y en la que el gobernador se recuesta convencido de que los 15.000 pastores que hay en Rosario realizan un trabajo evangelizador clave para bajar la violencia y evitar que nuevas generaciones se introduzcan en las bandas narco.

En medio de este nuevo escenario, con una baja en los homicidios de más del 50%, también circulan versiones que aparecieron desde inicio de marzo, pero comenzaron a desinflarse, que apuntan a un supuesto "pacto narco", que sería momentáneo y precario, entre las principales bandas, y que habría provocado que no haya más enfrentamientos en los barrios por disputas territoriales.

Los que abonan a esta hipótesis, que no tiene ningún elemento objetivo, salvo una interpretación, señalan que la paz se romperá en cualquier momento. Ponen una fecha: la tregua será hasta julio.

La política de seguridad que trazó el gobierno provincial desde el inicio también tuvo una base institucional, como la adhesión a la ley de narcomenudeo, que provocó que el fuero federal se descomprimiera de expedientes por tenencia y comercialización de estupefacientes. Representaban el 51% de las causas.

La implementación del sistema acusatorio en el fuero federal también será clave para abordar el problema. El cambio fue frenético y sin mucha planificación, pero por lo menos logró que algo que estaba previsto desde 2014 comenzara a funcionar.

El tiempo dirá si los fiscales federales profundizan ahora, que tienen mayores medios y tiempo, las investigaciones sobre los peces gordos del narcotráfico y, sobre todo, un aspecto que nunca se abordó con profundidad: el lavado de dinero.

FUENTE: Aire de Santa Fe