
La Provincia avanza en la reestructuración de la Policía de Investigaciones, con el objetivo de consolidarla como una fuerza técnica, autónoma y enfocada en el trabajo conjunto con los fiscales.
La medida está incluida en la nueva ley de Ejecución de la Pena aprobada en diciembre de 2023, impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia.
01/09/2024A partir del lunes 2 de septiembre, los presos de Santa Fe calificados como de "peligrosidad alta" usarán uniforme naranja, a la usanza de las prisiones de EE.UU. y otros países. Según funcionarios del Ministerio de Seguridad y Justicia la medida, que se encuentra en la Ley de Ejecución Penal sancionada a principios de 2024, servirá para identificar, controlar y visibilizar el movimiento de los internos dentro de los perímetros carcelarios.
La legislación fue aprobada en diciembre del año pasado por ambas cámaras provinciales. En su artículo 24 figura un código de vestimenta que requiere el uso de ropa específica para casos puntuales. Serán más de 60 presos "de alto perfil". Según argumentaron los funcionarios, el objetivo será facilitar la identificación, el control y la visibilidad de los presos “más peligrosos”, categorizados como de "nivel 1".
La ley de Santa Fe establece la designación de presos de “alto perfil” a los que tengan participación o contacto con organizaciones criminales complejas o relacionadas al narcotráfico; existencia de indicios de participación en atentados, actos de fuerza, agresión o amenaza hacia los poderes públicos, o en hechos de violencia hacia particulares; antecedentes de evasión, atentado o resistencia a la autoridad policial o penitenciaria; participación en motín o tumulto o, incluso, “disponibilidad de recursos humanos, económicos, financieros, materiales, logísticos o de cualquier otro tipo, que hicieran presumir cualquiera de las circunstancias antes mencionadas”.
La normativa fija que "la reglamentación determinará en qué casos será obligatorio el uso de uniformes, pudiendo asignarse uniformes diferenciados según la situación legal, el nivel de seguridad, la zona de circulación asignada o las tareas que el interno desempeñe".
Cabe aclarar que los nuevos uniformes no se dispondrán en los pabellones, donde los presos seguirán con su vestimenta de civil. Sí se utilizarán para los traslados, audiencias virtuales y recepción de visitas.
La medida, que había sido anticipada meses atrás, no estuvo exenta de polémica cuando fue anunciada. En su momento, el Ministerio de Seguridad sostuvo que esta incorporación no era para estigmatizar a los internos, si no para una "correcta visualización" de los mismos.
Por su parte desde el Ministerio de Seguridad se aclaró que “los uniformes, según lo vigente, no deben humillar al interno y con este sentido ya se informó a Defensoría y a los colegios de Magistrados las disposiciones de la ley“, aclaró un funcionario a La Capital.
En la resolución también se dispuso la prohibición del ingreso a las cárceles a todo persona con vestimentas de color naranja a fines de evitar confusiones o situaciones de conflicto “que puedan generar riesgos al establecimiento”.
A nivel nacional, desde el mes pasado los uniformes ya son utilizados por los presos de alto riesgo alojados bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal, entre ellos varios involucrados en causas penales de Rosario y la provincia de Santa Fe.
A pesar de las objeciones legales presentadas en contra de esta medida, los jueces decidieron no aceptar las impugnaciones y respaldaron la implementación de la normativa.
Uniforme ¿refuerza el estigma contra los presos?
Roberto Pettinato (padre), director general de Institutos Penales de la Nación Argentina entre 1947 y 1953, fue quien estableció en 1947 el fin del uniforme a rayas por ser considerado estigmatizante. En un discurso, el entonces presidente Juan Domingo Perón ordenó que los eliminaran porque esos trajes de rayas horizontales atentaban "contra los propósitos de humanización y contra la dignidad humana". En 1983, con el retorno de la democracia, se tomó la misma decisión en provincia de Buenos Aires.
Desde el Ministerio señalaron que “es probable que parte de los uniformes se hagan en las sastrerías carcelarias, pero para llegar a los 11 mil hay que garantizar los uniformes con sus mudas, y de momento eso es mucha plata" admitió una alta fuente ministerial al medio de Santa Fe.
No obstante, sigue siendo responsabilidad del Estado tratar a las personas alojadas en los establecimientos con la dignidad y el respeto que les corresponde por su condición de seres humanos.
La abogada especialista en derechos humanos y exdiputada provincial peronista, Matilde Bruera, advirtió que “los uniformes diferenciados para presos en Santa Fe violan las reglas de Mandela de Naciones Unidas”. “Deshumanizar y segregar genera más violencia adentro y afuera de las cárceles. Hay que gobernarlas seriamente”, advirtió Bruera en su cuenta de X (antes Twitter), a principios de este año.
“Nunca creí que íbamos a llegar a semejante cosa. El discurso del Ministerio es que esto permite mejorar el manejo de las cárceles porque permite diferenciar a simple vista la categoría de peligrosidad de los presos. Es ridículo, los presos no son tontos. Si consiguen que les vendan celulares, ¿cómo no van conseguir que les cambien el traje?”, comentó la abogada en entrevista con Infobae y añadió: “¿Cuánto salen los uniformes, tenerlos en buen estado y limpios? En cualquier momento les ponen grilletes”, ironizó.
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