Seguridad o salvajismo: Quienes denostan las herramientas a la policía son los marginales
La institución policial, sus integrantes, realizan su labor con las herramientas legales que emergen de las autoridades, sean del Ejecutivo, de leyes nacionales o provinciales, salidas del Congreso Nacional o de la Legislatura provincial; y también a veces por dispocisiones de la Justicia.
Y así como se acatan las ordenes oficiales, en post de la seguridad; no menos cierto es que a veces nuestra sociedad está compuesta de algunos elementos que se corren de la línea de la ley y el órden; y no es la excepción la policía, como ocurre en cualquier otro organismo público o privado.
Sobre la reciente normativa que da a la policía la facultad de exigir se le exhiba el teléfono celular para revisar su IMEI, y determinar que sea o no posiblemente robado; me permito hacer una introducción, para poner sobrerelieve, por qué el Ejecutivo da estas excelente herramientas para contrarrestar la inseguridad; y por qué hay sectores, históricamente vinculados a la violencia que lo desacreditan.
¿Cuál es tu sensación cuando te roban el celular?
De impotencia, de angustia, te sientes vulnerable porque se llevan parte de tu historia, tus fotos, tus contactos, tus chats, tus secretos y quizás no puedas recuperarlo.
Lo primero que intentas es contactarte, y te das cuenta que te encuentras desnudo y debes solicitar ayuda para trasmitir lo ocurrido, bloquearlo y proteger tus datos más sensibles.
En ese instante no piensas en lo económico por la adquisición de otro móvil.
Te envuelve una desazón - pese realizar la denuncia debida y necesaria- por lo difícil que es su recupero. No por inacción, sino por la dificultad que acarrea tal procedimiento de búsqueda y la burocracia que rodea al mismo.
Por ello, fueron ampliadas por ley las facultades de la Policía de la Provincia de Santa Fe para controlar la trazabilidad y el origen legal de los teléfonos celulares y de otros equipos similares.
Así la fuerza policial podrá exigir a cualquier ciudadano, en operativos en las calles o ante sospecha, que exhiban el IMEI de su celular sin tener que brindar un motivo, mediar una orden judicial o cursarse una investigación previa. Y el poseedor del móvil deberá entonces permitir ese acceso y mostrar el IMEI.
Si en la base oficial se encuentra alguna irregularidad proceden a la requisa personal, y secuestro del móvil con inmediata comunicación al M.P.A.
La normativa es más amplia y requiere de otro capítulo, como el de los procedimientos específicos en los comercios de compra-venta de móviles usados.
Los ciudadanos con este tipo de legislación que protege a la víctima de un arrebato de un bien, se encuentran satisfechos. Comienzan a ver plasmado su deseo de no estar indefensos cuando se delinque.
Pero en este caso apunto a las afirmaciones vertidas sobre el particular por Carla Deiana, sobre el control policial de un teléfono celular para verificar si es robado.
Se las presento, es dirigente del Partido Obrero y referente de la Izquierda Unida, candidata a la gobernación en el año 2023, habiendo obtenido el 4,3 % de votos (74.651 votos), contra el 55,71 % del Lic. Maximiliano Pullaro (1.031.964 votos).
Por lo visto representa una franja de votantes extremadamente minoritaria.
Se opone al Gobierno Nacional de Milei, al Gobierno Provincial de Pullaro y a las variantes del peronismo tradicional.
¿Saben que afirmó a viva voz?
Que ese procedimiento policial conlleva automáticamente a solicitar una coima. Prejuzgando el actuar de la policía y manchando su honorabilidad.
Que la ley ampara una fuente de corrupción, y la complicidad política responde al discurso represivo del gobernador.
Que se está violando el derecho de la intimidad y a la privacidad de las personas.
Pero a poco andar veo que es muy contradictoria la dirigente, lo que es preocupante, porque no se inmuta con el actuar violento del Partido Obrero en su protesta social y aplaude a Sebastián Romero que defiende las ideas del partido con un mortero en mano.
Los incidentes que se dan en las manifestaciones que como dirigente avala, se originan por sus métodos violentos e intimidatorios.
Se caracterizan por realizar destrozos en la vía pública, arrojar piedras y bombas molotov a las fuerzas de seguridad.
La dirigente entiende que esa forma de lucha es legítima y su objetivo es interrumpir sesiones legislativas.
Sencillamente son conductas delictivas y antidemocráticas las que defiende Carla Deiana.
Pretendiendo embarrar la cancha, tratando a la policía provincial de corrupta si aplica la ley, y enjuiciándola.
Esta forma violenta de hacer política no se puede pasar por alto, se debe evitar su naturalización, dirigentes como Deiana que en este caso critica una ley prejuzgando el actuar policial, no mira su ombligo, y consiente el actuar delictivo del partido que genera daños y perjuicios a nuestra nación.
Argentinos de bien, no debemos permitir dirigencias de partidos políticos que utilicen métodos violentos para imponer sus ideas.
Por Bárbara Sotomayor - Analista y escritora
