¿Los ciudadanos conocemos quiénes son los auxiliares de la justicia santafesina? Un breve bosquejo me lleva a bucear dentro de ella. Cada maestro con su librito, a mi me gusta esta tipificación.

Los auxiliares de la justicia son tanto los auxiliares de oficio (profesionales independientes matriculados­: peritos judiciales, interventores y liquidadores, martilleros públicos), los auxiliares internos (Ministerio Publico de la Acusación  y Ministerio Público de la Defensa, Cuerpo técnico del Poder Judicial: equipos interdisciplinarios, secretarios, prosecretarios), los auxiliares por función pública y fuerzas de seguridad (Policía de la provincia de Santa Fe, Policía de investigaciones –PDI-, Peritos Forenses) y los abogados y procuradores colegiados (Ver: art. 25 del C.P.C.C.SFe, letra fría de la Ley Orgánica del Poder Judicial y postura de los Colegios de la Abogacía de Santa Fe y de la Federación de Colegios de Abogados (FECASFE) que rechazan habitualmente la palabra "auxiliar" cuando se interpreta como subordinación al juez, consideran que son colaboradores indispensables de la justicia. Tema que dejo para otra oportunidad). 

_{Qué esperamos de la fuerza pública}

Un interrogante que muchos se hacen, y seguramente no coincidimos los habitantes y visitantes de esta provincia, el M.P.A., M.P.D., el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Seguridad en lo que esperamos de ellos, porque unos fijan límites, colocan barreras en sus funciones y atribuciones y, otros desean que sean sorteadas ante la inseguridad.

Voy a ensayar como definir el legítimo ejercicio de la fuerza pública, que no es agua de borrajas, sino su reconocimiento debe ser esencial.

En nuestra provincia la Fuerza Pública está coordinada por el Ministerio de Justicia y Seguridad y se integra por la fuerza provincial y divisiones especializadas.

El Gobierno de Santa Fe, respecto a esta institución con más de 150 años de historia, la define como a uno de los vértices de la política de seguridad democrática que lleva adelante.

Las Fuerzas de Seguridad afirma que, garantizan el mantenimiento del orden público y la paz social, que actúan como auxiliar de la justicia y ejercen las funciones que las leyes, decretos y reglamentos que deben resguardar la vida, los bienes y otros derechos de la población.

La fuerza provincial desempeña sus funciones en todo el territorio de la provincia, a excepción de aquellos lugares sujetos exclusivamente a la jurisdicción militar o federal o de otra policía de seguridad.

Así es, pero soy pragmática y piso la tierra descalza. Por ello no puedo negar que su realidad al aplicar las facultades en su función es compleja y con matiz multifactorial.

Fuerza policíal bajo la lupa

Ante situaciones de hecho no es sencillo aplicar el legítimo ejercicio de la fuerza pública. Porque no siempre el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en su etapa preparatoria y el Poder Judicial la consideran como un fiel auxiliar de justicia, y su carácter esencial es agraviado sin más. Sumando a ello la investigación en el área administrativa disciplinaria del gobierno provincial, que tiene la capacidad de retirar armas reglamentarias, pasar a disponibilidad o firmar la destitución inmediata de los agentes implicados de manera independiente al resultado final de la causa judicial.

Comienzan las sospechas si ha actuado contrario a la normativa y reglamentos. Imputando a los agentes auxiliares en causas penales por delitos funcionales y de corrupción (apremios ilegales, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y abuso de autoridad, coimas, encubrimiento, homicidios, amenazas, extorsión, malversación de caudales públicos entre otros).

El respaldo del MPA y judicial para con la Fuerza Pública entiendo que está roto en parte, porque prima facie no siempre hay una investigación paralela y no hay criterios aunados pese que responden a un superior, y en vez de investigar debidamente la situación de hecho –delito denunciado-, quienes son víctimas y victimarios, se ocupan primariamente del accionar del personal involucrado.   

A simple vista, se observa cómo hacen hincapié en investigar el actuar de la Fuerza Pública, si infringió la ley, si hubo apremios ilegales, gatillo fácil, abuso de autoridad o de más, en vez de simultáneamente investigar lo denunciado penalmente.

Policía de brazos caídos

Ello conlleva a que la Fuerza Pública se retraiga y tema en su accionar, porque cada paso dado es escrutado de tal forma que en varias situaciones solo valen los derechos humanos de los victimarios, haciéndose caso omiso a los derechos de las víctimas del personal policial. 

La vocación de servicio del personal citado queda comprometida por temor, y no siempre protegen los derechos y la seguridad de los habitantes de esta provincia acabadamente.

En distintos niveles ha sido preparada esta fuerza con conciencia social, respeto a los derechos humanos, formación académica y operativa, para proteger la paz y el orden social. Pero las acusaciones de violencia institucional de la Fuerza Pública buscan desacreditar el accionar legítimo de las mismas ante delitos, pretenden obstaculizar procedimientos legales y en ciertos casos responden a una narrativa ideológica.

Las fuerzas de seguridad lamentablemente son imputadas en reiteradas oportunidades, sin haber leído el investigador una sola foja de la causa.

Entonces, ¿qué esperamos de estos auxiliares de la justicia? Que respondan ajustados a derecho cumpliendo con sus facultades y funciones, pero que no sean subsumidos por el ejercicio descontrolado de buscarle el pelo al huevo.

Tanto el M.P.A. como el Poder Judicial deberán dar razón de porque algunos de sus integrantes quieren desprestigiar a la fuerza pública. Porque su proceder es caldo de cultivo para aquellas organizaciones que defienden exclusivamente los derechos humanos de los victimarios.

La sociedad necesita una Fuerza Pública poderosa, instruida, especializada y con libertad en el actuar dentro de los protocolos y ajustado a la normativa vigente, pero sin ser atosigados por temor a ser denunciados y/o apartados injustamente de sus cargos.  El servicio de Seguridad Pública requiere de reglas claras, que hoy día no están garantizadas. Por ello celebro que en la legislatura provincial se esté tratando el proyecto de herramientas de seguridad que ha presentado el gobierno.

Me redirige este encuadre que presento, a la SALUD PÚBLICA de la FUERZA PUBLICA, que es preocupante, porque atraviesa una crisis sin antecedentes, ha aumentado la tasa de suicidios, hay un neto desgaste laboral y temor para pedir ayuda por represalias administrativas o salariales.

Es hora que la política escuche el clamor social y se deje actuar a la FUERZA PUBLICA sin restricciones ideológicas y con reglas claras.