Policías que se van: Mendoza registró más renuncias en una semana que en todo junio

En una semana, el Ministerio de Seguridad de Mendoza recibió más pedidos de bajas voluntarias que en todo el mes de junio. Son solicitudes que están por caer al despacho de la titular de la cartera, Mercedes Rus, para tramitar el último paso del proceso de desvinculación de la Policía de Mendoza.

Que haya efectivos con ganas de dejar la fuerza no es una novedad. El dato que llamó la atención fue el volumen en proporción a la media que se estaba manejando. Cada cierre de mes, se contabilizan aproximadamente una treintena de presentaciones con diferentes motivos para separar a policías. Pero no siempre tienen que ver con pedidos espontáneos.

Durante junio, siete efectivos pidieron entregar el arma y abandonar el uniforme. En julio, en el plazo de una semana, fueron diez. Ninguno adujo una causa específica. Es más: todas las solicitudes parecen sacadas del mismo modelo. Es una ficha en la que sólo se completan los datos personales y que se basa en el considerando del artículo 57 de la Ley provincial 6722, que rige la actividad: “Corresponderá la baja voluntaria al personal policial que la solicitare por razones particulares, en cualquier época del año”. Después de eso, en algunos casos, especifican que seguirán cumpliendo funciones durante 30 días si antes no le confirman la renuncia, tal cual está explicitado en la norma.

“Me cansé de todo; en especial, de la cantidad de horas de recargo que me ponían. En un desplazamiento le dije a mi compañero que se bajara él con la escopeta porque yo estaba muy cansado y tenía miedo de mandarme un moco. Un montón de estrés y de responsabilidad y muchas veces no es el mejor trato. Además, el sueldo no lo justificaba”, explicó uno de los efectivos salientes.

Desde el Ministerio de Seguridad afirman que no es un hecho inédito, pero sí reconocen que la cifra es significativa. Lo atribuyen más a un fenómeno generacional que salarial y que no escapa a lo que sucede en otras provincias o al mercado laboral en general.

“Una cosa es el IUSP, que sirve como un filtro importante, y otra muy diferente es cumplir tareas operativas. Ahí hay que demostrar vocación de servicio”, aseguraron desde el ministerio.

Las edades de quienes se van oscilan, en su mayoría, entre los 28 y 33 años. Son todos auxiliares y ocasionalmente aparece un escalafón superior.

En la evaluación de los egresos voluntarios identifican algunas razones que no están directamente vinculadas con el sueldo, aunque influye en la relación costo-beneficio. En este caso, riesgo-sueldo.

“Yo entré a la Policía porque era una salida laboral rápida. Pero al final estaba muchas horas afuera y prefiero pasar más tiempo con mi familia. La verdad es que la calle está muy jodida y uno empieza a priorizar otras cosas”, aseguró un ex agente.

Entienden que las bajas responden a un cambio de paradigma. “Son jóvenes. Si se hace una encuesta entre las consultoras de búsqueda laboral, todas responden que existe una dificultad para encontrar empleados que puedan adaptarse a un esquema jerárquico. Ni hablar entonces una estructura como la policial. Estamos en contacto de manera permanente con otras provincias con este tema; incluso con las Fuerzas Armadas y sus ingresos voluntarios. Tienen los mismos problemas”, manifestaron.

Hay una conducta que se detectó y a la cual se le puso un corte. Se trataba de auxiliares que poco tiempo después de ser nombrados y salir a patrullar, solicitaban diferentes tipos de licencia para ser trasladados a áreas administrativas. De esa manera, no hay calle, no hay exposición, no hay peligro; en contra del discurso oficial de no tener policías de escritorio.

Entre los que sí expresan por qué piden la desvinculación, hay un argumento que escuchan desde hace más de un año. Directamente informan que se van. No de la fuerza; se van del país.

Hace más de una década que Mendoza no logra superar la media de aproximadamente entre nueve mil y diez mil integrantes de la Policía. Es un número que fluctúa entre esas bandas a pesar del crecimiento demográfico.

La provincia tiene una ratio de 54 policías cada 10 mil habitantes, lo que la ubica por encima de las recomendaciones internacionales (22 cada 10 mil) y del promedio argentino (48 cada diez mil).

De todos modos, es un número relativo por varios aspectos. Primero, porque no están activos todos al mismo tiempo. Segundo, porque cantidad no implica calidad. Mendoza atraviesa serios problemas de inseguridad que no tienen que ver ni se solucionan con más policías en la calle. Ayudaría, por supuesto, pero si no se atacan las causas, se trataría de un loop perverso y permanente de más delitos, más policías, más delitos, más policías… Y así. Son dos problemas que el Gobierno debe resolver.