Provincia destina unos $170.000 millones a equipar y mejorar a las fuerzas de seguridad

El detalle fue dado a conocer durante la reunión de la Junta Provincial de Seguridad, en la Sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, y la inversión está destinada a armamento, uniformes, nuevos vehículos y el mantenimiento de unidades, chalecos balísticos y equipamiento de protección, cámaras de seguridad y escáneres.

En ese sentido, el gobernador Maximiliano Pullaro, destacó: “Estamos llevando adelante obras. En cuatro años vamos a construir 4.280 celdas, lo que nos va a permitir sacar a los presos de comisarías y que los presos del Servicio Penitenciario estén en las condiciones que corresponden, con una cárcel de alto perfil, que va a ser la más segura de América Latina”, y agregó que “la baja de la violencia que estamos viviendo en la provincia y la baja del delito, en un contexto de recesión económica, es única”.

Mientras, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, recordó que “estamos dando los primeros pasos para devolverle la tranquilidad a la provincia”, y reconoció que “no podemos decir que hemos logrado los niveles de prevención y de seguridad óptimos, pero sí se han controlado algunos indicadores muy importantes”.

Cumplir con el Plan de Seguridad

Ante la Junta de Seguridad, el secretario de Tecnología y Equipamiento, Armando Faraoni, explicó que “se está equipando a la Policía para que trabaje proactivamente, cumpliendo con el Plan de Seguridad”, y enumeró la adquisición de “960 patrulleros, 600 motos, 300 camionetas (en proceso de licitación), 5 minibuses y 25 utilitarios para la Policía de Investigaciones (PDI)”.

El funcionario también se refirió a la compra de pistolas Taser (electrochoque) y Byrna (aire comprimido): “Necesitamos tener armas que permitan un uso gradual de la fuerza. Para qué utilizar un arma de fuego si podemos reducir a un delincuente con un arma menos letal”.

Además hizo mención a la incorporación de “escáneres corporales y de bultos en los penales para controlar a las visitas, a los internos, a los proveedores y al personal del penal, aumentando así la seguridad y evitar la entrada o salida de elementos prohibidos, como por ejemplo teléfonos celulares”.

Finalmente, Faraoni indicó un “cambio en el paradigma del mantenimiento de la flota vehicular: ahora se gestiona a través de una empresa que tiene una red de talleres en toda la provincia. Esto permite reparar más rápido, y más barato por la trazabilidad y auditoria de la empresa”, y mencionó que “en lo que va del año se hicieron más de 4.000 intervenciones”.

Detalle de las inversiones

Las inversiones ya realizadas y las proyectadas por el Gobierno de la Provincia para fortalecer las Fuerzas de seguridad abarcan diferentes segmentos, como el armamento, para el cual se estableció la compra de pistolas de conversión Bersa (por 850.000 dólares), armamento para las Tropas de Operaciones Especiales (TOE, 900.000 dólares); 100 armas no letales (aire comprimido, 1.000.000 de dólares); y 100 armas no letales (choque eléctrico, 1.000.000 de dólares).

En cuanto a los vehículos, se destaca la adquisición de 940 patrulleros (29.000 millones de pesos); 500 motos (6.500 millones de pesos); 300 camionetas (15.500 millones de pesos); 5 furgones y 25 utilitarios para la PDI (1.802 millones de pesos); movilidad, autos y pick up para la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV, 1.100 millones de pesos); 11 autobombas (8,2 millones de dólares); y mantenimiento de flota (3.500 millones de pesos).

Respecto de los elementos de seguridad, el informe menciona los chalecos balísticos RB3 para personal del Servicio Penitenciario (346.500.000 pesos); equipamiento de protección policial (1.422.530 dólares); y escudos y cascos para personal del Servicio Penitenciario (300.000 dólares).

Asimismo, se realiza una sustanciosa inversión para la compra e instalación de 5.000 cámaras de AI (70 millones de dólares); así como en escáneres de bulto y body scann (1,8 millones de dólares).

También se contemplan los uniformes para las fuerzas de seguridad (21.000 millones de pesos); cartuchería para la Policía (2.000 millones de pesos) y cartuchería para el Servicio Penitenciario (300.000 dólares); uniformes para detenidos de alto perfil Nivel 1 (13 millones de pesos) y equipamiento de protección para bomberos zapadores (350 millones de pesos).