En el Tribunal Oral Federal de Santa Fe (TOF) comenzará hoy la apertura del juicio oral y público contra tres policías de la provincia, y el dirigente gremial de la Asociación Profesional Policial (APROPOL) Alberto Martínez, por su participación en el paro policial de diciembre de 2013, cuando la provincia era gobernada por el socialista Antonio Bonfatti.

10 años y medio después, la causa llega por fin a una instancia definitoria, en la que se podrá dilucidar si aquella protesta sectorial condicionó -delito mediante- la voluntad de un gobierno que cerró el conflicto otorgando un aumento por decreto a la masa de trabajadores policiales y penitenciarios de la bota.

En total son cuatro los procesados, tres por el delito de “sedición agravado”, dado que eran miembros de la fuerza al momento del hecho; y un cuarto, acusado por “instigación a cometer delitos” y “amenazas coactivas agravadas”.

Se trata de los sargentos de policía Fabricio Javier Abasto, Claudio Marcelo Patiño y Mauricio Miguel Pagani; así como del referente de Apropol, el “Gaucho” Alberto Rubén Martínez. Los primeros tres estarán representados legalmente por el abogado particular, Luis Guillermo Blanco; en tanto que el cuarto lo hará a través del defensor público oficial, Dr. Fernando Sánchez.

Crisis Nacional

Cabe consignar que si bien el epicentro de una crisis policial que se había desatado en varias provincias de la República Argentina, fue Santa Fe; los reclamos de las fuerzas policiales comenzaron en la provincia de Córdoba, a punto tal que el entonces goberandor José Manuel de La Sota debio volver de un viaje del exterior a apaciguar las aguas, y otorgó un aumento con los cual los efectivos policiales levantaron la medida de fuerza.

No paso lo de Córdoba en otra provincias como Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires y la propia Santa Fe, y que poco a poco fueron resolviendo las cuestiones de las demanadas policiales.

En nuestra provincia, las posiciones de un lado y del otro se tenzaron a partir de una supuesta amenaza que habria recibido el entonces gobernador Antonio Bonfatti. 

Si bien, las acciones policiales pudieron haber trasngredido en principio faltas administrativas, la justicia federal tomó cartas en el asuntos que ahora pondrá claridad en el juicio oral.

Reconocimiento del gobierno y repuesta a las demandas

No obstante los hechos, el gobierno de entonces reconoció a traves del ministro de seguridad Raúl Lamberto parte de los reclamos, y otrogó a la policía provincial un aumento salarial, un bono por única vez, y se creo una comisión de policias elegidos por sus propios pares para atender reclamos futuros.