Desde la oposición, se cuestiona una "delegación excesiva de facultades a la policía" y se advierte que varios de sus artículos podrían ser inconstitucionales.
Entre los consultados, estuvo la Corte Suprema de Justicia, que asistió en pleno; el Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, y los Colegios de Abogados de Santa Fe y Rosario.
El jueves pasado, desde la presidencia del Senado, Felipe Michlig reprochó que las iniciativas estuvieran esperando tratamiento en Diputados "desde hace cinco meses". El planteo dejó en evidencia la tensión que el tema genera en el propio oficialismo, y que redundará indefectiblemente en modificaciones al texto original del proyecto de ley.
Los principales cambios que propone la reforma de seguridad en Santa Fe
El proyecto enviado por el Gobierno provincial contempla modificaciones en las herramientas de investigación penal, las atribuciones policiales y fiscales y el régimen penitenciario. Entre los puntos centrales de la iniciativa se encuentran:
- Declaración informativa: restituye esta herramienta para las primeras etapas de una investigación penal.
- Interrogatorio policial: habilita a la Policía a interrogar en instancias iniciales de la investigación.
- Declaración del imputado: elimina la presencia obligatoria del defensor como condición para declarar.
- Juicios en rebeldía: permite continuar el proceso penal cuando el imputado, debidamente notificado, no comparece.
- Exclusión de pruebas: incorpora excepciones a las reglas que determinan cuándo una prueba debe quedar fuera del proceso.
- Allanamientos sin orden judicial: amplía los supuestos en los que se puede ingresar a determinados lugares sin autorización judicial previa.
- Derribo por orden fiscal: habilita la inactivación física de inmuebles vinculados con el microtráfico y otros delitos en situaciones excepcionales.
- Medidas coercitivas por decreto fiscal: permite disponer restricciones que no impliquen privación de la libertad, sujetas a control judicial.
- Procedimiento por decreto penal: crea un mecanismo para resolver casos contravencionales y delitos de bajo impacto sin prisión efectiva.
- Zonas de intervención policial especial: habilita áreas con facultades excepcionales relacionadas con el espacio público y la circulación de personas.
- Régimen penitenciario especial: establece condiciones más restrictivas para internos que ordenen delitos graves desde las cárceles.
- Inteligencia digital y electrónica: incorpora expresamente herramientas de investigación digital y electrónica, sujetas a las autorizaciones judiciales correspondientes.
- Programa de recompensas: amplía las facultades del Ejecutivo para ofrecer recompensas con fines preventivos y de seguridad pública, incluso fuera de investigaciones penales.
Presupuesto
En otro orden de cosas; y respecto al Presupuesto 2027; oficialmente se conoció, que habra un mayor aporte para seguridad pública.
