La investigación por el cobro de coimas en la Sección de Verificación Automotor de la Unidad Regional XI, con sede en Esperanza, sumó una nueva condena y alcanzó a quien fuera el máximo responsable de la dependencia.
Esperanza: Condenaron al exjefe por más de 1.500 trámites irregulares
El subcomisario Cristian Vittore acordó tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua para ejercer funciones policiales y una multa superior a los $75 millones.
La maniobra se extendió durante más de cuatro años, de los cuales se pudieron acreditar 1.079 formularios de automóviles y 408 de motocicletas, únicamente entre 2024 y 2025. Ya son cuatro los policías condenados en la causa.
El subcomisario Cristian Gustavo Vittore, de 54 años, admitió su responsabilidad penal por recibir dinero a cambio de confeccionar, sellar y firmar formularios de verificación vehicular sin cumplir con los controles reglamentarios.
Casi 1.500 verificaciones
Uno de los aspectos centrales de la acusación estuvo dado por la magnitud de las maniobras atribuidas al exjefe policial. Según detalló Hernández durante la audiencia, entre el 12 de julio de 2021 y el 23 de septiembre de 2025 Vittore abusó de sus funciones para cobrar dinero por la emisión irregular de documentación obligatoria para transferir vehículos o inscribir unidades cero kilómetro.
En particular, la investigación contabilizó 1.079 formularios correspondientes a automóviles y otros 408 de motocicletas, suscriptos irregularmente entre enero de 2024 y mayo de 2025. En total, fueron 1.487 trámites por los que el funcionario policial habría percibido sumas de dinero.
El mecanismo consistía en confeccionar, sellar y firmar el Formulario 12 del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor sin respetar el procedimiento administrativo: no se obtenía turno previo, no se abonaban las tasas correspondientes y, en numerosas ocasiones, los vehículos ni siquiera eran llevados a la planta para ser inspeccionados.
La maniobra se realizaba periódicamente junto con el suboficial Bernardo Agustín González y de común acuerdo con la gestora Erica Andrea Lucca, de la localidad de Sarmiento.
En distintas oportunidades, Vittore entregó formularios firmados y sellados en blanco para que fueran completados posteriormente. Los pagos se concretaban en efectivo, mediante encuentros personales, y también a través de González.
La acusación incluso reconstruyó operaciones puntuales en las que se acordaban valores diferenciados según el tipo de vehículo y sus condiciones documentales, además de adicionales por traslados a otras localidades.
Para establecer la responsabilidad del exjefe policial, la Fiscalía reunió denuncias anónimas, testimonios de personas vinculadas con la compraventa de vehículos, actuaciones de Asuntos Internos, informes de la propia Sección Automotores y peritajes sobre teléfonos celulares. También se incorporaron registros de formularios y documentación secuestrada durante allanamientos.
Cuatro policías condenados
Con la sentencia de Vittore, la causa ya registra cuatro condenas contra integrantes de la planta verificadora de Esperanza.
El primero fue el subinspector Luis Rodrigo Ulerich, quien el 9 de octubre recibió tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua para ejercer funciones policiales y una multa de $17.260.000. El acuerdo fue admitido por el juez Gustavo Urdiales, con la intervención del fiscal Hernández y el defensor Juan Carlos Galetto.
El miércoles 14 de octubre se sumaron otros dos condenados: los suboficiales Bernardo Agustín González y Bruno Santiago Vignatti. El juez Leandro Lazzarini admitió los acuerdos celebrados por el MPA con sus respectivas defensas. Ambos recibieron tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua, además de multas de $11.520.000 para González y $8.000.000 para Vignatti.
En todos los casos, los policías reconocieron su responsabilidad por maniobras vinculadas con la confección irregular de formularios a cambio de dinero. Las condenas también contemplaron restricciones de conducta y el cese de las detenciones preventivas.
De un anónimo a las condenas
El caso comenzó con una denuncia anónima presentada el 18 de julio de 2026 ante el Servicio de Atención Ciudadana del Gobierno provincial, ampliada el 12 de agosto. A partir de esas presentaciones intervino la Unidad Especial de Asuntos Internos, que avanzó con entrevistas, análisis de documentación y dispositivos telefónicos.
El 2 de septiembre se realizó un allanamiento en una propiedad de calle José Hernández al 1400, en Sarmiento, localidad donde residía la gestora investigada. La pesquisa permitió identificar la presunta participación de distintos integrantes de la dependencia policial y reconstruir un circuito de cobros que excedía las operaciones inicialmente denunciadas.
El 9 de septiembre fue detenido Ulerich y, al día siguiente, se conoció la imputación de la gestora por cohecho activo.
Posteriormente quedaron bajo prisión preventiva los suboficiales González y Vignatti. El 7 de octubre, el fiscal Hernández imputó a Vittore como autor de cohecho pasivo, en su condición de máximo responsable de la repartición. Dos días después se produjo la primera condena y, durante las semanas siguientes, se resolvió la situación de los otros tres efectivos.
La gestora Erica Lucca también permanece imputada por cohecho activo, aunque en libertad. Su situación no quedó comprendida en las cuatro condenas dictadas contra los policías.
En los fundamentos del acuerdo con Vittore, la Fiscalía consideró especialmente agravante que hubiera utilizado su condición de funcionario policial para cometer los delitos, pese a tener el deber de prevenirlos y proteger a la ciudadanía. Como atenuantes valoró el reconocimiento de responsabilidad y la ausencia de antecedentes condenatorios.
