BUENOS AIRES: Impulsan mecanismos de control ciudadano municipal sobre la actuación policial

Interés General 20 de mayo de 2019 Por
Se crearon concejos y observatorios en Punta Indio, Ramallo y San Martín, con participación vecinal y de autoridades; visitan comisarías y hacen informes
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En Punta Indio, a 160 kilómetros de la Capital, cada dos meses un grupo de vecinos visita, sin previo aviso, la única comisaría del distrito para charlar con los presos sobre sus condiciones de detención. En Ramallo, en el norte bonaerense, un organismo confeccionó un registro de todos los casos de abuso de la policía local. En San Martín, el flamante Observatorio de Violencia Institucional asiste a la familia de un chico que murió luego de que un gendarme le disparara por la espalda en La Rana, una de las más de 50 barriadas pobres del partido.

Son ejemplos de las tareas que realizan los mecanismos de control ciudadano de la violencia institucional que surgen en municipios bonaerenses, con el impulso de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), autoridades, familiares de víctimas y organizaciones sociales.

"En todos los casos se eligen referentes de la comunidad que desarrollen, de manera autónoma, un sistema de monitoreo y control de las políticas públicas de seguridad en el territorio y en los lugares de detención. A partir de ese compromiso se analiza el desempeño de los policías, si actúan dentro de los límites de la ley o si existen violaciones de los derechos humanos. También se reciben denuncias o presentaciones de los vecinos, y en función de eso se pueden iniciar acciones judiciales, presentarhabeas corpus en favor de un detenido o perseguido, acompañar a víctimas, relevar casos y hacer informes para el intendente", explica Roberto Cipriano García, secretario de la CPM.

Más allá de prácticas y objetivos comunes, García reconoce que "no existe una receta" y que cada municipio "tiene modalidades distintas". En el caso pionero de Punta Indio se trató de un proyecto aprobado por una ordenanza que tenía por objeto "formalizar los criterios generales para la constitución de mecanismos municipales para el control ciudadano en la prevención de la violencia institucional".

"El proyecto -recuerda García- surgió por el caso de Sebastián Nicora. Fernanda, la mamá, inició el reclamo de justicia y junto a ella propusimos la creación de un consejo local compuesto por tres personas que trabajen ad honorem y que tengan atribuciones para evaluar el comportamiento de las fuerzas". Finalmente, la ordenanza se aprobó en junio de 2015 y para agosto, el Consejo Local de Control Ciudadano para la Prevención de la Violencia Institucional, con Fernanda Nicora a la cabeza, ya estaba funcionando.

"El Consejo nació a partir del asesinato de un chico de 16 años, justamente con la idea de prevenir", remarca Vanesa Carabajal, docente de escuela secundaria y miembro del organismo en Punta Indio. Vanesa cuenta que con el crimen de Nicora se visibilizaron otros casos de abuso policial hacia los jóvenes que se habían naturalizado: "Lo que hacemos permite que la gente se anime a denunciar. Trabajamos en las escuelas y ofrecemos talleres para concientizar y capacitar. También es clave el acompañamiento a la víctima, proporcionar abogados, estar atentos a las causas y qué cosas tener en cuenta a la hora de denunciar a un efectivo policial".

Fuente: La Nacion

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