PULLARO: "Es fundamental desfinanciar a las bandas para trazar políticas de seguridad"

Interés General 24 de enero de 2019 Por
El ministro de Seguridad de Santa Fe dijo que está de acuerdo con el decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Macri que establece la extinción de dominio. "Es constitucional", expresó.
foto

"Hay que correrse de las discusiones secundarias. El objetivo principal es desfinanciar a los grupos criminales. Eso es fundamental para trazar políticas de seguridad", afirmó el ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, al hacer una evaluación sobre la implementación de la ley 13.579 de extinción de dominio en la provincia.

La normativa fue sancionada y promulgada por el gobierno provincial en 2016 y permitió en noviembre pasado llevar adelante el primer remate de autos de alta gama y otros vehículos que fueron incautados a distintas bandas criminales en los últimos años.

En declaraciones a La Capital, el responsable de la seguridad pública en Santa Fe sostuvo que la norma que está en vigencia en la provincia "es una experiencia innovadora en el país porque apunta no sólo a encarcelar a las organizaciones criminales".

"El objetivo también es que el Estado pueda quedarse con los bienes obtenidos en forma ilícita para resarcir a las víctimas o volcar esos fondos en obras de bien público. Pero fundamentalmente para sacarle a las bandas capacidad económica y logística para que no puedan seguir operando desde la cárcel", explicó.

La ley 13.579 fue aprobada el 22 de septiembre de 2016 de manera unánime y promulgada por el gobernador Miguel Lifschitz el 19 de octubre del mismo año. Entró en vigencia en marzo de 2018, con la creación de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD), organismo que llevó adelante los remates el año pasado.

Pullaro dijo que la primera subasta de vehículos "fue muy buena. Se anotaron 4 mil interesados. Luego participaron 600 y se subastaron todos los autos. Ahora estamos ultimando los detalles para realizar un remate similar en los próximos meses en la zona norte de la provincia".

Decreto de necesidad y urgencia. La semana pasada estalló la polémica a raíz del DNU firmado por Macri y que ordena el decomiso de bienes incautados en causas judiciales por delitos de narcotráfico, corrupción y lavado de dinero. La resolución tiene puntos en común con la ley provincial 13.579 y Pullaro no dudó en respaldar la decisión del gobierno central de impulsar la llamada extinción de dominio.

"Saludo y destaco esa decisión del presidente y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich porque es trascendental. El decreto está bien llevado adelante porque no se mete en cuestiones penales y sí en civiles, que sí se puede hacer por decreto. No es inconstitucional", enfatizó. 

Antecedentes. Pullaro recordó que en 2013, junto a los diputados nacionales Ricardo Alfonsín y Manuel Garrido, también llevó al Congreso Nacional una iniciativa similar, "pero no pudo ser tratada por la oposición del kirchnerismo. "Poco después, el entonces senador nacional Rubén Giustiniani presentó proyecto de extinción de dominio que fue aprobado en la cámara Alta, pero que no pudo tratarse en Diputados", agrego.

Pullaro defendió la ley santafesina. "Acá invertimos el valor de la prueba. Es la persona imputada la que tiene que probar al Estado que adquirió sus bienes de forma lícita. Si en seis meses no puede probar cómo compró autos o inmuebles, el Estado los decomisa, los remata y el dinero va a obras de público".

"Si vamos a esperar que termine el proceso penal, que suele durar entre 6 y 8 año años, los delincuentes siguen operando, incluso desde la cárcel. Por eso es tan importante la ley que tenemos en Santa Fe. Les incautamos un bien que fue utilizado en un crimen o adquirido con dinero ilegal, y si en seis meses no pueden probar cómo lo compraron, se decomisa y se remata. Si después, la Justicia los absuelve se les devuelve el dinero", agregó Pullaro.

"Si no logramos desfinanciar a las bandas, éstas mantienen operando desde la cárcel. No alcanza con detener a los principales responsables. En Santa Fe arrestamos a las primeras y segundas líneas de las organizaciones y vimos que seguían operando porque tenían estructura económica para sostenerse. Tenemos que ir a fondo por este camino. En lugar de discutir la constitucionalidad del decreto debemos discutir si es efectivo para que las organizaciones no tengan poder para corromper. Si no podemos comprender esto vamos a correr diez años atrás. Hay que cerrarles los circuitos económicos", concluyó.

Fuente: Diario La Capital

Te puede interesar