CORRUPCIÓN DE ALTO NIVEL: En el gobierno hay funcionarios con las "manos blancas", manchadas con cocaína

Interés General 31 de mayo de 2017 Por
La ex secretaria de Delitos Complejos y su segundo habían negado haberle dado órdenes al comisario Pereyra -que irá a juicio como informante de Los Monos- pero unos emails los contradijeron. Viglione sigue como funcionaria de Seguridad
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Ana VIGLIONE, subsecretaria de Formación y Desarrollo Policial, y quien era su segundo en la disuelta Secretaría de Delitos Complejos, en 2013, Andrés FWRRATO, fueron imputados por falso testimonio en el marco de la investigación contra la banda de Los Monos. Se trata de una denuncia que partió del juzgado que tenía a cargo Juan Carlos VIENNA, cuando investigaba al clan sindicado narcocriminal y a los policías conniventes. En su declaración frente al magistrado, el ex comisario inspector Gustavo "Gula gula" Pereyra -que irá a juicio por pasar información a la banda-, declaró que obedecía órdenes de sus jefes para realizar investigaciones sobre narcotráfico.

Pero estos lo negaron. Las pruebas de las que se valió el fiscal Aníbal Vescovo para la imputación, fueron halladas en una serie de correos electrónicos con las órdenes específicas de Viglione y Ferrato, que validaron los dichos del subalterno. El delito de falso testimonio, más el agravante de ser cometido por funcionarios públicos, tiene como pena mínima un año de prisión y un máximo de tres, además de inhabilitación. Ahora, el fiscal deberá evaluar si la evidencia alcanza para llevarlos a juicio. Consultado, el Ministerio de Seguridad provincial no adelantó medidas a tomar. 

El comisario fue detenido luego de que su nombre fuera mencionado en las escuchas realizadas en la pesquisa contra el clan Cantero. El juez Vienna lo había desvinculado, pero el camarista Daniel Acosta revocó el sobreseimiento y la jueza Alejandra Rodenas lo envió a juicio por brindar a la banda información reservada. A fines de 2015 recuperó la libertad, aunque sigue ligado a la causa. La defensa solicitó que su jefa fuera citada a declarar, ante las contradicciones sobre las órdenes que él recibía. Las diferencias en sus dichos habían llevado al juez Vienna a separar copias de las declaraciones para abrir un nuevo expediente, por el posible delito de falso testimonio. Sin embargo, ese legajo no avanzó sino hasta que llegó a manos del fiscal Vescovo, luego de meses de idas y vueltas entre el viejo y el nuevo sistema penal.

El año pasado, Pereyra logró constituirse en querellante, cuando se confirmó que Vescovo se quedaría con la causa. El fiscal tomó como prueba el contenido de la computadora de Pereyra, que estaba secuestrada desde su detención, y donde se encontraron 17 correos electrónicos que acreditaron que sus superiores le pedían investigaciones sobre hechos y personas sospechadas de manejar búnkers de drogas, cuestión que Viglione y Ferrato negaron en su declaración.

Con esas pruebas, Vescovo citó anteayer por la tarde a Viglione y a Ferrato, quienes de manera individual se abstuvieron de declarar en el legajo judicial 48/14. Vescovo recordó a este diario que "esa causa estuvo en disputa en diferentes fiscalías del sistema conclusional para ver a cuál le tocaba; y el juzgado finalmente dijo que debería intervenir el nuevo sistema penal. Ahí hubo una serie de planteos también, por parte de los sindicados, y yo consideré que debíamos intervenir desde el Ministerio Público de la Acusación, porque la denuncia se hizo después de febrero de 2014, pero hasta que no lo confirmó la Cámara Penal no se pudo avanzar".

Vescovo dijo que cuando se tomó declaración a Pereyra, en el juzgado de Vienna, él dijo que "seguía directivas", como pasar información sobre búnker y otros datos. Cosa que los imputados habían negado. "Sostuvieron que no habían dado directivas para que Pereyra investigara sobre drogas y plata, en contra de lo que dice Pereyra y de lo secuestrado en sus mails", señaló. El fiscal indicó que la prueba se constituyó por "varios correos" enviados a Pereyra, en el transcurso de unos meses de 2013. Y agregó que la investigación continúa para evaluar si las pruebas son suficientes para acusar en juicio a los imputados.

Fuente consultada: Rosario/12

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