IMPUNE: El fiscal Calvo determino la prescripción de la causa donde en 1976 murieron jóvenes policías de Infantería de Rosario

Interés General 28 de mayo de 2020 Por utrapol
El análisis del fiscal federal deja en claro una posición que tiene que ver más con lo ideológico que con la idea de justicia, es que quizás cuando los muertos son policías no cuentan para que los criminales paguen sus culpas. Calvo estuvo a favor de Montoneros, sin dudas.
colectivo 1976

El fiscal federal Javier Arzubi Calvo, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Rosario, sobre el crimen cometido en 1976 contra un colectivo de la Guardia de Infantería de la Unidad Regional II; "La naturaleza aberrante del suceso y el daño ocasionado, no bastan para habilitar la persecución penal. No hubo conflicto armado interno y por tanto de crimen de guerra, ya que debió existir ese choque entre las Fuerzas Armadas y un grupo disidente armado, organizado, con control sobre una parte del territorio y con capacidad de realizar operaciones militares sostenidas. Ninguna de estas condiciones concurren respecto de la organización Montoneros a quien los denunciantes ha atribuido el hecho en estudio, ni antes ni en el momento en que se produjeron los hechos”.

Con argumentos endebles, el fiscal pretende quitar culpas a los verdaderos responsables de este atroz atentado, como si esto se hubiese tratado de un mero acto violento de algún descolgado que vaya a saber por qué colocó una bomba, y casualmente le estalló´a jóvenes policías.

Recordemos que el domingo 12 de Septiembre de 1976, un ómnibus que transportaba a 32 integrantes pertenecientes a la Guardia de Infantería de la Unidad Regional II de Policía de la Provincia de Santa Fe con asiento en la ciudad de Rosario, fue emboscado por una rama de la Organización Montoneros en la intersección de Junín y Rawson de dicha ciudad, provocando la muerte de 9 policías y 2 civiles y heridas a más de 20 uniformados.

En el año 2009 los familiares de las víctimas presentaron la denuncia ante el Juzgado Federal N 4 de Rosario, a cargo de Marcelo Bailaque, indicando que los hechos debían considerarse delitos contra la humanidad y crímenes de guerra por haber sido llevados a cabo por la organización Montoneros y resultaban por tanto imprescriptibles. La dirección de la investigación fue delegada en el Ministerio Público Fiscal, donde se produjeron diversas medidas de prueba, a cargo de Marcelo De Giovanni.

Teniendo en cuenta que las presentaciones que originaron la investigación y las posteriores efectuadas por la querella anclaban la argumentación sobre la hipótesis de la intervención de la organización Montoneros en diversas publicaciones periodísticas -diarios de la época y libros escritos con posterioridad al hecho-, en el dictamen, además de analizar la totalidad de prueba reunida a lo largo de su trámite, se formuló un paralelo sobre las diferencias entre una investigación periodística y una investigación judicial.

El análisis del fiscal, y su pronunciamiento no hacen más que acompañar la idea de impunidad que han tenido los diversos gobiernos para proteger a los verdaderos asesinos, algunos de los cuales hasta han estado en lugares de poder. Calvo, convalida de algún modo a que todo siga como está, y que aquí no ha pasado nada. A las injusticias sufridas por esos mismos jóvenes policías en un poder de facto, se agrega la falta de justicia, algo que jamás hubiese pasado, si se hubiese tratado de un colectivo de civiles.

El fiscal sostuvo para escudarse en la absurda resolución que "El hecho que es materia de investigación no puede ser subsumido dentro del derecho penal internacional, al no constituir la hipótesis propuesta un crimen contra la humanidad", lamentable.

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