Un fiscal de Rosario y otro de Venado Tuerto serán investigados en casos con trasfondo narco

Interés General 30 de abril de 2020 Por utrapol
Se trata de Adrián Spelta y Mauro Blanco. Desde noviembre de 2018, es la Legislatura santafesina la encargada de juzgar a los fiscales cuando se trate de "hechos graves".
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La Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa abrió un proceso disciplinario contra dos fiscales denunciados por faltas graves y nombró a dos senadores para que se hagan cargo de llevar adelante la acusación. El tercer caso relevante en manos de esa comisión, el del fiscal regional Patricio Serjal, será tratado la semana próxima.

El senador radical Lisandro Enrico será el acusador en el proceso al fiscal jefe de la Unidad Especial de Homicidios de la 2ª Circunscripción de Rosario, Adrián Spelta, denunciado por facilitar con su accionar la salida de la cárcel de dos presos de alto perfil acusados de un delito no excarcelable y sin cumplir los requisitos de excepción.

En tanto el senador peronista Raúl Joaquín Gramajo será el miembro acusador del fiscal de Venado Tuerto Mauro Blanco, denunciado por una serie de irregularidades en procedimientos y vínculos con personas imputadas por comercio de drogas, entre otros ítems.

Ambos casos tienen como trasfondo el comercio de drogas. En el de Blanco es por medio de un caso directo. En el de Spelta, se reprocha su accionar en una investigación por triple tentativa de homicidio, pero es público y notorio que el imputado era un conocido referente de venta de estupefacientes y ejercicio de la violencia para asegurar ese negocio en la zona norte de Rosario, a pesar de que no tenía causas abiertas por ese delito.

La Comisión de Acuerdos, que integran cuatro senadores y ocho diputados, decidió que no habrá suspensión preventiva. Ambos fiscales podrán seguir en sus puestos mientras dure el proceso –en términos legales puede extenderse hasta un año–, a excepción de que surjan evidencias o indicios que hagan cambiar de opinión a la Comisión y proceda a la suspensión.

Las denuncias fueron elevadas a la Legislatura por la Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación. En ambas instrucciones, la auditora María Cecilia Vranicich se inhibió de seguir adelante por considerar que “la evidencia reunida da lugar a una sanción eventualmente mayor al límite legal de 60 días que la ley establece” para ese organismo. Si la sanción es de entre 60 o 180 días o la remoción, la debe resolver la Legislatura.

“Se resolvió iniciar la investigación y después surgirá de los elementos reunidos si es necesario suspender o no de sus cargos a los fiscales. Esto es una decisión clara e indubitable de la voluntad política de esclarecer estas situaciones. Procederemos con premura pero sin que falte el derecho a defensa de los acusados”, sostuvo en diálogo con Aire Digital el presidente de la Comisión de Acuerdos, el peronista Raúl Gramajo.

En cuanto a la situación del fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, Gramajo dijo que “ese tema, y todos los demás que tiene la comisión, serán tratados la semana próxima. Dimos ese plazo para que todos los miembros puedan hacerse de la información detallada del caso”. Cuando se le recordó que la denuncia contra Serjal está a la espera de tratamiento desde la Legislatura pasada y que recurrentemente se apunta a interesados en que esa investigación no se abra, el senador contestó: “No me voy a poner a tapar nada a esta altura, después de siete períodos como senador. Todos los temas se tratan, siempre respetando la legalidad y el derecho de defensa del acusado”. También respondió que “supone” que seguirá en pie la designación del diputado Carlos del Frade como miembro acusador.

La acusación contra Spelta

La falta grave que se le adjudica a Spelta es haber facilitado la salida de la cárcel de Ema Pimpi Sandoval, un preso de alto perfil imputado por un delito no excarcelable que además no cumplía ningún requisito previsto en leyes e instrucciones oficiales para obtener una atenuación de la prisión preventiva.

En abril de 2018, después de dos prórrogas de prisión preventiva, Spelta acordó una libertad morigerada con el defensor particular Fausto Yrure. Sandoval (había sido condenado por el ataque a tiros a la casa del ex gobernador Bonfatti) y su hermano Lucas pudieron ir a un domicilio de barrio Rucci (después se supo que era propiedad de un condenado por narcotráfico), con la aprobación del juez Hernán Postma, cuya actuación y la de otros dos jueces está a la espera de un dictamen del procurador de la Corte. El registro audiovisual de esa audiencia desapareció de los archivos de la Oficina de Gestión Judicial, lo que significó un escándalo conexo y aún sin resolución.

Un año después Spelta no se opuso a que Sandoval se mudara a una casona de barrio La Florida a propuesta de la defensa, a pesar de que la letra de la ley había sido reforzada por instrucciones expresas de sus superiores de no aceptar alternativas de prisión en casos como el de Sandoval. A requisitoria del juez aclaró que no era prisión domiciliaria sino libertad morigerada.

Los informes de la auditora general del MPA y del instructor designado por la Corte Suprema, concluyen que el hecho de que tuviera tobillera electrónica y estuviera circunscripto al ámbito de un inmueble no era otra cosa que una prisión domiciliaria encubierta. La auditora acusa a Spelta de haber “tergiversado discursivamente la realidad” y permitir que se cumpliera el deseo de la defensa.

Esos hechos tomaron trascendencia en octubre pasado cuando Sandoval fue ejecutado en ese domicilio (Pago Largo 654) por un grupo comando que ingresó a la vivienda por la fuerza matando además a otros dos jóvenes. La casa pertenece a un juez de Cámara que sostiene que no conocía a Sandoval, ni estaba al tanto de que su propiedad era utilizada para cumplir una prisión domiciliaria.

La acusación contra Blanco

En tanto, a Blanco se le adjudica una relación impropia de su cargo con un imputado por comercialización de drogas, con intercambio de información recíproca respecto de un diligenciamiento de búsqueda de armas de fuego; posible presencia física del fiscal, en un auto oficial del MPA, en la vivienda del imputado; posible abuso en el diligenciamiento de registros domiciliarios y no haber elevado a la Fiscalía Federal el secuestro de un vehículo relacionado a una investigación que ésta realizaba. Escuchas telefónicas de la Justicia federal sobre personas investigadas por tráfico de drogas hacen referencias al desempeño del fiscal Blanco en al menos dos legajos penales a su cargo.

El Régimen disciplinario

La intervención de la Legislatura en el proceso de juzgamiento de los fiscales es un capítulo paralelo al análisis de los casos particulares y es motivo de debate desde que en noviembre de 2018 se recortó la potestad del propio MPA y del Servicio Público de la Defensa Penal para sancionar a sus miembros cuando se trate de hechos graves, entendiendo a estos cuando importaren una suspensión mayor a 60 días o la remoción del cargo.

La Asociación de Fiscales y Funcionarios de la provincia reiteró el miércoles pasado sus objeciones por medio de una nota dirigida al presidente de la Comisión de Acuerdos. Sostiene que “el sistema de remoción de fiscales en manos de la Legislatura deviene en inconstitucional y constituye un claro avasallamiento a la autonomía del Ministerio Público de la Acusación y a la independencia que se espera del órgano encargado de la persecución de delitos, el fiscal”.

La acusación contra Blanco

En tanto, a Blanco se le adjudica una relación impropia de su cargo con un imputado por comercialización de drogas, con intercambio de información recíproca respecto de un diligenciamiento de búsqueda de armas de fuego; posible presencia física del fiscal, en un auto oficial del MPA, en la vivienda del imputado; posible abuso en el diligenciamiento de registros domiciliarios y no haber elevado a la Fiscalía Federal el secuestro de un vehículo relacionado a una investigación que ésta realizaba. Escuchas telefónicas de la Justicia federal sobre personas investigadas por tráfico de drogas hacen referencias al desempeño del fiscal Blanco en al menos dos legajos penales a su cargo.

El Régimen disciplinario

La intervención de la Legislatura en el proceso de juzgamiento de los fiscales es un capítulo paralelo al análisis de los casos particulares y es motivo de debate desde que en noviembre de 2018 se recortó la potestad del propio MPA y del Servicio Público de la Defensa Penal para sancionar a sus miembros cuando se trate de hechos graves, entendiendo a estos cuando importaren una suspensión mayor a 60 días o la remoción del cargo.

La Asociación de Fiscales y Funcionarios de la provincia reiteró el miércoles pasado sus objeciones por medio de una nota dirigida al presidente de la Comisión de Acuerdos. Sostiene que “el sistema de remoción de fiscales en manos de la Legislatura deviene en inconstitucional y constituye un claro avasallamiento a la autonomía del Ministerio Público de la Acusación y a la independencia que se espera del órgano encargado de la persecución de delitos, el fiscal”.

“Supongo que ahí hay planteos sobre la constitucionalidad del sistema. Que a nosotros nos planteen que algo es inconstitucional. No tenemos competencia para eso… Todos sabemos que la Constitución, que es muy sabia, reserva para el Poder Judicial el control de legalidad y constitucionalidad. Hoy hay una ley que nosotros tenemos que aplicar. Si mañana la Justicia dice que es inconstitucional se verá”, adujo Gramajo, en una línea argumental que según recogió Aire Digital comparte la mayoría de los integrantes de la Comisión de Acuerdos.

Por otra parte, los fiscales que integran la Unidad Especial de Homicidios de Rosario que encabeza Spelta dirigieron una carta al fiscal general Jorge Baclini y al regional Patricio Serjal pidiéndoles que intercedan por el caso Spelta. Tras argumentar en el mismo sentido que la Asociación de Fiscales, recuerdan que “el Dr. Spelta fue designado por Uds. como Jefe de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios de la 2da. Circunscripción Rosario. Lo fue por un lapso ininterrumpido desde el 10 de febrero de 2014… Huelga decir además que la misión desempeñada con creces por el Dr. Spelta ha sido puesta de resalto en reiterados informes de gestión…”.

FUENTE: Aire de Santa Fe

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