Radiografía de los sumarios de Asuntos Internos contra la Policía Bonaerense

Interés General 04 de diciembre de 2019 Por
El organismo que controla a los oficiales inició casi cuarenta mil denuncias sobre cien mil efectivos. Causas por corrupción, extorsión, narcotráfico y violencia de género. Los tests toxicológicos, la guerra de espías y el escándalo por el "comisario millonario”.
policia bonaerense

La Policía Bonaerense, la fuerza más grande del país, recibió casi 40 mil denuncias de presuntas irregularidades por parte de sus efectivos a lo largo de cuatro años. Expedientes por extorsión, en su mayoría por pedidos de dinero, supuesta connivencia con venta de estupefacientes, excesos en los medios utilizados y violencia de género, se encuentran entre los motivos más frecuentes por los que se investiga a los uniformados. Así se desprende de datos oficiales a los que accedió el Equipo de Investigación de Perfil Educación presentados por la Auditoría de Asuntos Internos.

El organismo dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense informó al Equipo de Investigación que entre diciembre de 2015 y noviembre de 2019 se iniciaron 39.392 sumarios por distintas causas iniciadas por hechos de corrupción, violencia de género, violencia institucional, o irregularidades "graves" en establecimientos policiales.

La instrucción del sumario es el paso inicial que puede derivar en el desplazamiento de un policía. A partir de esos casi 40 mil sumarios en cuatro años, fueron exonerados 2.300 efectivos de la provincia de Buenos Aires y se encuentran en trámite de expulsión otros 2.000. Además,  hubo 13.685 policías apartados y otros 3.000 fueron suspendidos debido a investigaciones en curso que están avanzadas.

Y en total hubo 1.007 efectivos detenidos como consecuencia de causas promovidas desde el organismo de control. Por otra parte, también hubo expedientes iniciados luego de la realización de test toxicológicos a las fuerzas policiales. En ese marco, se realizaron más de 3.300 controles preventivos, ya programados, que arrojaron 0,3% casos de positivos. Pero ese porcentaje aumentó con respecto a los controles sorpresivos: se realizaron 800 exámenes sin previo aviso que dieron como resultado 3% de casos positivos. 

Del total de sumarios, los datos indican que 55% se debió a hechos de corrupción (que incluye connivencia con narcotraficantes), 12% a violencia policial y exceso en los medios empleados, 10% a violencia de género, 10% a irregularidades graves funcionales en dependencias, 6% a investigaciones patrimoniales y 7% a otros motivos, como abandonos de servicios, pérdidas de armas o chalecos, o faltas disciplinarias ante los superiores. En los últimos años, se puso el foco en la investigación patrimonial, a partir de la creación de una unidad especializada, por lo que se acumuló un volumen de 50.000 declaraciones juradas como material de análisis.

El número de oficiales obligados a presentar su patriomonio creció gradualmente desde el decreto que firmó María Eugenia Vidal en 2016, la ley 15.000 sancionada un año más tarde por la Legislatura y las resoluciones posteriores del ministro Cristián Ritondo. Por caso, en 2017, casi el 20% de los expedientes abiertos se debió a que un grupo de efectivos no había presentado sus declaraciones juradas. Quienes no realizaron el trámite, recibieron sanciones suspensivas progresivas, de entre diez días y hasta un mes de suspensión.

Desde 2015, se abrieron 2.168 sumarios correspondiente a enriquecimiento ilícito. Ese número abarca a efectivos, su entorno y posibles testaferros con lo que el total de investigados asciende a 3.500. Del total de efectivos en evaluación por su patrimonio, 218 fueron denunciados ante la Justicia y 11 de esos casos fueron llevados a la Unidad de Información Financiera (UIF) por presunción de lavado de activos. En ese sentido, las investigaciones patrimoniales crecieron significativamente. Se realizaron 100 en 2016, 513 en 2017, 536 un año después y alrededor de mil hasta septiembre de este año, según confirmaron desde Asuntos Internos al Equipo de Investigación. Entre las investigaciones patrimoniales sobresale la de Néstor Martín, quien se retiró en 2016 luego de que se realizara un estudio sobre su patrimonio, que le valió el mote de "comisario millonario".

Entonces jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa, Martín declaró más de 4 millones de pesos a partir de siete propiedades, un helicóptero y ahorros. Asuntos Internos expuso ciertas inconsistencias en la declaración jurada de Martín y lo denunció por enriquecimiento ilícito en una causa que pasó por varios juzgados sin una resolución. Otro caso es el de Marcelo Di Pasqua, ex superintendente en Mar del Plata: fue acusado de tener un patrimonio no razonable al declarar una empresa de transporte valuada en 310.000 pesos cuando, según peritos, rondaría los 9 millones.  

Asuntos Internos también quedó envuelto en las últimas semanas en una controversia por presuntas tareas de inteligencia a partir de una causa que lleva adelante la fiscal Cecilia Corfield y que incluyó un allanamiento a sus oficinas a fines de octubre. La causa surgió a partir de la denuncia de los ex comisarios, Martín y Alberto Gangoiti –también denunciado por supuestas inconsistencias patrimoniales–, contra el titular de la auditoría, Guillermo Berra.

Martín alegó manejo irregular de las declaraciones juradas y difusión de datos falsos.   Fabián Améndola, abogado defensor de Martín y miembro del estudio de Fernando Burlando, consignó al Equipo de Investigación que hubo "abuso de autoridad" por parte de la conducción del organismo "a través de la creación de un sistema por el que se realizaban investigaciones más allá de su función específica". Y cuestionó que se haya alcanzado a personas que ni siquiera son policías. "Eso no le compete al auditor, si tiene dudas tiene que dejarlo en manos de la Justicia", aseguró Améndola. Sin embargo, Berra defendió su labor, cuestionó el allanamiento y recusó a la fiscal por falta de imparcialidad. A su vez, María Rosario Sardiña, a cargo del área de investigación patrimonial presentó una denuncia contra los ex comisarios Martín y Gangoiti en la que desmintió irregularidades en las investigaciones  y calificó como falsas las acusaciones. Berra dijo al Equipo de Investigación que todas sus procedimientos se encuentran avalados por normativas vigentes. 

Asuntos Internos está a cargo de civiles y recibe denuncias, incluso de forma anónima, sobre el accionar policial. El organismo tiene la facultad de solicitar información a diferentes dependencias públicas para cotejar datos vinculados a cualquier policía que sea denunciado y chequear los cargos. La tarea es seguida de cerca por organismos de Derechos Humanos, entre ellos la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que custodia el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense durante la dictadura e incluso interviene en el caso del falso abogado Marcelo D’Alessio. "De todos estos hechos, apenas dos o tres fueron investigados de manera proactiva.

El resto de las causas fueron archivadas o bien están paralizadas con escasos movimientos, pese a elementos muy claros que permitirían avanzar rápidamente. La justicia no investiga estos delitos y hay un entramado judicial de protección de funcionarios policiales que cometen estos ilícitos", señaló al Equipo de Investigación, el secretario de la CPM, Roberto Cipriano. Un caso emblemático de estos años es el que se conoció como la causa de los sobres. En un operativo sorpresivo en 2016 en la Comisaría 1º de La Plata se hallaron 36 sobres con 153.700 pesos. A raíz de eso, en marzo de 2019, ocho exjefes policiales fueron condenados por cobrar coimas con penas de entre 3 y 5 años de prisión e inhabilitación para cargos públicos. En tanto, los casos de violencia de género son un fenómeno que viene creciendo y preocupa dentro de la fuerza. Hasta mediados de noviembre, se tramitaron casi cuatro mil sumarios de efectivos que quedaron involucrados en hechos de violencia de género. De ese total, más de 1.400 terminaron en expulsión de oficiales. 

Los datos forman parte del estado de situación de la institución armada más numerosa de Argentina y guardan relevancia en medio de la transición que llevan adelante María Eugenia Vidal (Cambiemos) y Axel Kicillof (Frente de Todos), en la gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Por caso, Fabián Perroni, actual jefe de la Policía Bonaerense, ya presentó su renuncia, que entrará en vigencia con el cambio de mando. Solo se informó que la presentación es en consonancia con el fin de la gestión actual.

La seguridad, una de las áreas para que las aún no se conoce un responsable en la próxima administración provincial, es una de las demandas más fuertes por parte de la ciudadanía en la Provincia. Una problemática que se mezcla con las sospechas en torno a la Bonaerense y denuncias de organismos de derechos humanos. Se reclama, en ese sentido, mayor control de la sociedad civil. El Equipo de Invetigación es dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del Posgrado en Periodismo de Investigación de Perfil Educación. 

Fuente Diario Perfil

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