LAS INEFICIENTES POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LIFSCHITZ: ¿Quien protege al programa de protección?

Interés General 09 de noviembre de 2019 Por
Denuncia del Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe. La entidad aseguró que se produjo "un grave deterioro" de la unidad que asiste y ampara a los denunciantes y víctimas del genocidio. Y responsabilizaron a la "cúpula policial".
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En medio de los chispazos políticos en la transición entre Miguel LIFSCHITZ y Omar PEROTTI, el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe denunció ayer el "desmembramiento" del Programa de Protección a Testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad.

"Se ha producido un grave deterioro" de la unidad que asiste y ampara a los denunciantes y víctimas del genocidio -alertó el Foro-, responsabilizó por el hecho a la "cúpula policial" al mando del jefe de Policía de la provincia Marcelo Villanua y reveló que el desguace ocurre "ante la inexplicable inacción" de la Casa Gris. El Foro ya advirtió sobre la situación -y por escrito- al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y a su colega de Justicia Ricardo Silberstein, pero al "no tener respuestas" ahora solicitó una audiencia con el secretario de Derechos Humanos Marcelo Trucco, con quien esperan reunirse la semana próxima.

El alerta del Foro es por una orden de Villanua que "desafectó" de la "Unidad de Protección a testigos, querellantes y víctimas del terrorismo de estado" al subjefe y "responsable local" del área y "lo trasladó a una dependencia policial común". "Se trata de un funcionario de excelente trayectoria, amplia formación en derechos humanos y notable compromiso" con la tutela de víctimas de crímenes aberrantes y sus familias, dijo el Foro.

La orden de Villanua es del 18 de octubre. Dos meses antes, el 27 de agosto, el día que el Tribunal Oral de Santa Fe dictó su veredicto en el juicio por la masacre de Ituzaingó y las Heras, en 1977, "quedó demostrada" en la calle la "carencia de personal" de la unidad cuando "los pocos efectivos destinados a proteger a testigos y querellantes fueron desbordados por una patota de apoyo a los genocidas", recordó.

Ya desde su título la declaración del Foro es un advertgencia: "No al desmembramiento del Programa de Protección a Testigos", dice el organismo que integran Madres de Plaza de Mayo, Hijos, Familiares de Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y expresiones políticas, sociales y sindicales de Santa Fe.

"La cúpula de la Policía de la provincia" al mando de su jefe el comisario Villanua "ha producido un grave deterioro" a la unidad que asiste a "testigos, querellantes y víctimas del terrorismo de estado, ante la inexplicable inacción de la Secretaría de Derechos Humanos, de la cual depende el programa".

"Sin invocar causa alguna, el 18 de octubre, desafectó de esa unidad al subjefe y responsable local de la misma y lo trasladó a una dependencia policial común". "No podía haber ningún fundamento porque se trata de un funcionario de excelente trayectoria, amplia formación en derechos humanos y notable compromiso con su función. Quienes integran esa unidad, protegen a testigos que fueron sobrevivientes del genocidio, lo cual los enfrenta a represores procesados o condenados, y a las patotas de 'amigos' que los respaldan, que operan desde las sombras, la provocación y la intimidación. Para cumplir esa función, se requieren años de capacitación y prácticas de protección y contención. A quien ahora expulsaron del programa es precisamente el mayor referente en la materia de Santa Fe", planteó el Foro.

"La separación del responsable local fue decidida" por el jefe de las Unidades de Protección de Testigos y Víctimas Vulnerables y Querellantes, comisario Martín Bejarano que "no proviene del Programa de Protección en causas de lesa humanidad" y la firma Villanua. "Se trata de un procedimiento ilegal -denunció el Foro-, ya que el Programa funciona en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos, y por lo tanto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el artículo 11 del decreto 1927/08 establece que la Unidad Especial, que es su parte operativa, depende en forma directa del Ministerio de Seguridad, sin subordinarse a la estructura jerárquica de la Policía provincial".

"Producido el hecho", el Foro solicitó a los ministros Pullaro y Silberstein y al secretario Trucco que "se revea la resolución" de Villanua.

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