MEXICO: Ser mujer y hacer carrera policial

Interés General 31 de octubre de 2019 Por
En algunos casos, los más graves, las mujeres policías son objeto de abuso físico y sexual por parte de compañeros o mandos. Una muestra de lo anterior, fue el caso de las mujeres cadetes en Guerrero, quienes, en junio de este año, denunciaron abuso sexual y humillaciones cometidas por el director de la Universidad Policial de esa entidad.
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En México, las mujeres fueron admitidas en la policía en el año 1930, conformando un grupo denominado Policía femenina, integrado por 69 mujeres. Las funciones de esas mujeres policías se concentraban en brindar orientación sobre ubicaciones, y datos históricos, culturales y/o geográficos del país1. Las policías portaban un uniforme diseñado con falda, saco sastre y botas con tacón bajo, que no correspondía a las necesidades de las labores policiales, sino a las funciones comunitarias para las que eran contratadas.

Por Pilar Déziga Velázquez 

A pesar que las funciones de las mujeres en las policías se han ampliado, se sigue observando que realizan, principalmente, labores administrativas, y que representan alrededor del 20% del estado de fuerza en el país. Desde su incorporación, se ha mantenido un patrón histórico que las asigna al ámbito privado-doméstico, por lo que se les asignan actividades administrativas, secretariales o en espacios relacionados con el aseo y labores de cocina; mismas que distan mucho de la carrera policial.

De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la carrera policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de los integrantes de las Instituciones Policiales. El presente artículo expone algunos de los obstáculos que regularmente enfrentan las mujeres en su recorrido por la carrera policial, así como en los procesos asociados a dichas etapas.

En el proceso de reclutamiento y selección se puede observar que, en la práctica, se destaca la fuerza física sobre otras aptitudes, lo que puede relegar el desempeño de las mujeres policías. Asimismo, todos los aspirantes deben cursar la formación inicial en las academias estatales o regionales. El tiempo que las cadetes pasan en las academias se puede convertir en un momento propicio para la convivencia, y también en un espacio de subordinación y control que se utiliza por algunos mandos para ejercer abuso contra las mujeres. En algunos casos, los más graves, las mujeres policías son objeto de abuso físico y sexual por parte de compañeros o mandos. Una muestra de lo anterior, fue el caso de las mujeres cadetes en Guerrero, quienes, en junio de este año, denunciaron abuso sexual y humillaciones cometidas por el director de la Universidad Policial de esa entidad. 

Sumado a lo anterior, el tiempo marcado por el programa rector de profesionalización es insuficiente, por lo que, la ya de por sí corta etapa de profesionalización se puede convertir en un espiral de arbitrariedades para las mujeres policías, subordinadas a algunos mandos que ejercen abuso de todo tipo y consecuentemente, distraen su capacitación o las inhiben para seguir en el proceso.

Después de su paso por las academias, las cadetes deben realizar la evaluación de control de confianza, misma que integra exámenes toxicológicos, médicos, psicológicos y poligráficos. El objetivo del conjunto de evaluaciones es reconocer las habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar la función policial. De acuerdo con entrevistas realizadas por investigadores de Causa en Común, en proporción, el porcentaje de mujeres policías que aprueban los controles de confianza es mayor, en comparación con la proporción de hombres. Lo anterior, sugeriría que las corporaciones deberían incentivar el reclutamiento e incorporación de mujeres; sin embargo, de nuevo, la realidad es distinta.

Como ejemplo de lo anterior, y sin que esto se convierta en una regla, en algunas corporaciones han optado por integrar agrupamientos conformados sólo por mujeres. En el Estado de México, de acuerdo con su Reglamento de Tránsito, sólo agentes mujeres de tránsito pueden imponer infracciones cometidas al propio reglamento. Si bien se trata de una estrategia para inhibir la corrupción, es necesario que se mantengan evaluaciones respecto del impacto de esas estrategias.

Además, las jornadas laborales se han convertido en un obstáculo para las mujeres policías que son jefas de familia y tienen hijos. De acuerdo a la encuesta realizada por Causa en Común, “¿qué piensa la policía?” la jornada laboral de las policías es de 24×24 y, en promedio, deben sumar 7.3 horas extras a dicha jornada. Esta situación afecta los vínculos sociales y familiares de las y los policías. Asimismo, las mujeres policías refirieron que las jornadas más adecuadas serían de 24 x 48 (33%); 8×16 (25%) y 12×24 (25%). Es decir, buscan que las horas de descanso sean mayores que las de trabajo, como se establece legalmente para los trabajadores en el país.

Al respecto, de acuerdo con las entrevistas realizadas con autoridades de distintas secretarías de seguridad pública estatales, las mujeres policías han “auto restringido” su carrera policial porque su interés primario está en la familia. Los vínculos culturales que asocian a las mujeres con sus hijos se replican en la función policial, por lo que se deberían generar programas al interior de las corporaciones que ayuden a mantener a las mujeres en puestos de mando y que no limiten su desarrollo profesional. Si bien no se trata de asumir que todas las mujeres policías son madres o jefas de familia, y cuyos intereses son sus hijos, es necesario conocer cuáles son sus necesidades con la finalidad de diseñar estrategias que incentiven el ingreso y la promoción de las mujeres dentro de las corporaciones policiales, y que se erradiquen conductas de violencia de género al interior de las mismas.

Respecto al último punto, de acuerdo con la encuesta, “¿qué piensa la policía?” 22.4% de las y los policías encuestados señalaron que mujeres policías han recibido piropos ofensivos o comentarios sobre su apariencia o de índole sexual; el 10% conoce de casos de solicitudes o insinuaciones sexuales; y, el 9% señaló que conocen de casos de mensajes, fotos o comentarios con insinuaciones sexuales. Además, el 6% contestó que compañeras habían sido amenazadas por negativas a mantener relaciones sexuales, y 4% aseguró conocer de mujeres policías que han recibido manoseos, arrimones o tocamientos sin su consentimiento. Es gravísimo que, de las y los cinco mil policías que participaron en la encuesta, 35 contestaron que sabían de casos de violación sexual al interior de su corporación. Si bien representa el menor porcentaje, es el más preocupante.

El listado de conductas indebidas debería estar contemplado en los catálogos de faltas y sanciones de todas las corporaciones policiales del país. Sin embargo, de acuerdo con el INDEPOL 2018, en México, dieciocho corporaciones no cuentan con esos catálogos, por lo que la preocupación es mayor. La alerta no es minúscula. En julio de este año, el ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reconoció que durante el primer semestre del año más de una decena de mujeres policías habían presentado denuncias por acoso, abuso sexual e incluso violación. También, en agosto de este año, una mujer policía del Estado de México denunció agresiones por compañeros y compañeras de la policía municipal de Nezahualcóyotl; el caso se encuentra en investigación.

Las agresiones contra mujeres policías son reflejo de la violencia que a nivel nacional se ejerce contra las mujeres, sin importar su profesión. Sin embargo, las corporaciones policiales deberían ser espacios seguros y representativos de conducción legal y ética en su sentido más amplio. De ninguna manera deben ser espacios generadores de violencia contra las mujeres.

Considerando lo anterior, es necesario que en las corporaciones se diseñen capacitaciones para atender casos de violencia contra las mujeres al interior de las instituciones. Si bien existen grupos policiales que se dedican a atender casos de violencia contra las mujeres, al interior de las corporaciones no se observa un programa real aplicado a todas y todos los policías.

Las instituciones de seguridad pública deben cerrar la brecha de género que existe en los procesos de desarrollo policial, y lo podrían hacer a través de las siguientes líneas de acción:

* Promover el reclutamiento de mujeres para buscar la paridad de género en los estados de fuerza.

* Generar diagnósticos respecto de las conductas indebidas que más se replican contra las mujeres policías en todas las corporaciones.

* Diseñar normativas con enfoque de género que atiendan las necesidades de mujeres, madres y jefas de familia.

* Ampliar campañas informativas sobre prevención de violencia contra las mujeres para erradicar la normalización de conductas misóginas.

* Aumentar el número de horas y materias relacionadas con prevención de la violencia contra la mujer y de enfoque de género para interiorizar la cultura de respeto hacia las mujeres en las corporaciones.

* Incluir en los catálogos de faltas y sanciones, las conductas de las que las mujeres son víctimas.

* Realizar procesos de investigación y aplicar las sanciones correspondientes en el ámbito administrativo, y en su caso en el penal, respecto a las conductas indebidas denunciadas.

Las instituciones policiales deben identificar y rectificar los mecanismos que reproducen la violencia contra las mujeres y que reafirman varios significados culturales respecto del hombre y la mujer. Es urgente que se erradiquen las prácticas de subordinación femenina y que las corporaciones policiales operen conducidas por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos, bajo los que fueron creadas.

* Pilar Déziga Velázquez es Internacionalista por el ITESM y Socióloga por la UNAM. Se ha desempeñado en el servicio público en temas de seguridad fronteriza, derechos humanos y política migratoria entre México y Estados Unidos en el Consulado de México en Douglas, Arizona. Colaboró en la Embajada de Canadá en México en el área de inmigración. Adicionalmente, formó parte de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica en Petróleos Mexicanos, en el área de investigación e inteligencia para la prevención del robo de hidrocarburos en México. Cuenta con cursos de especialidad en temas de Seguridad Nacional, Derechos Humanos y Relaciones bilaterales México – Estados Unidos.

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