ASÍ LA JUNTAN: Pullaro factura el monitoreo de GPS de patrulleros dados de baja

Interés General 14 de febrero de 2018 Por
Son ellos, no somos nosotros; son unos bandidos vestidos de santos; pero en cada acto de corrupción vamos a ir denunciadolos.
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En la mañana de hoy y tal como lo había anunciado, el Secretario general de UTRAPOL, Miguel ZALAZAR, se presento en el Ministerio Publico de la Acusación de la ciudad de Santa Fe, y radicar una denuncia contra el Ministro de Seguridad Maximiliano PULLARO y/o cualquier funcionario de su área que podría ser responsable de los delitos de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Publico y/o Malversación de Caudales Publicos.

miguel zalazarEl líder sindical policial, comprobó que desde hace meses, e incluso en algunos casos, hace mas de un año; el Estado Provincial, viene pagándole a la empresa CORVEN S.A. con asiento comercial en la localidad de Guadalupe Norte, del norte santafesino, por el control de monitoreo de los GPS de los patrulleros que utiliza la Policía de la Provincia; lo curioso es que eso pagos se efectúan sobre móviles que fueron dados de baja.

Esto no se trata de un error administrativo, ni de un protocolo; sino que estamos en presencia lisa y llanamente de un acto irregular, que podría transformarse en un sistema de corrupción bien aceitado dentro del Ministerio de Seguridad, cuyo máximo responsable es el propio ministro; y que coincidentemente, quien tiene a su cargo este tipo de contratos, es el propio hermano, Martin PULLARO.

28035156_1741423749249212_1680842069_oHay que dejar bien en claro, que en estos hechos, nada tiene que ver la policía, ni funcionario policial alguno; ya que oportunamente cada patrullero que fue informado primero como "fuera de servicio", y luego "radiado", es decir dado de baja para ser compactado; informes estos que obran en el sistema informatico de intranet. 

Dato

Ante estas inconsistencias, que nosotros consideramos delitos, sospechosamente el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, a cargo de Pablo Farias, mando a auditar al Ministerio de Seguridad en las ultimas semanas.

Denuncia completa.

                                                                              Santa Fe, 14 de febrero de 2018.

 

Señor

Agente Fiscal en Turno

S                 /              D:

 

                                                           Quien suscribe, MIGUEL ORLANDO ZALAZAR, argentino, divorciado, mayor de edad, domiciliado en calle Hipolito Irigoyen 2930 de la ciudad de Santa Fe, Secretario General de la Unión de Trabajadores Policiales (UTRAPOL), Documento Nacional de Identidad nº 21.429.824, se presenta ante este Ministerio Publico Fiscal, a los efectos que investigue la presunta comisión de los delitos de IMCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, y/o MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, por parte de Maximiliano Nicolas PULLARO, Ministro de Seguridad y/o de alguno de los funcionarios políticos de la Cartera a su cargo, por los hechos que detallo a continuación:

                                                           La Provincia de Santa Fe, a través de la empresa COLVEN S.A., con domicilio en Ruta 11 Km 814 de la localidad de Guadalupe Norte, Provincia de Santa Fe, efectúa el control de los vehículos oficiales afectados a distintos ministerios, como por ejemplo ambulancias en salud, camiones en vialidad, autobombas o patrulleros en seguridad; donde la empresa contratada, cobra por dichos servicios, brindándole al Estado la ubicación, velocidad, dirección, kilómetros recorridos y paradas realizadas, de cada una de esas unidades oficiales.

                                                           Ocurre que en la órbita de la Policía de la Provincia, la institución en varias Unidades Regionales han dado de baja una gran cantidad de patrulleros, por diversos motivos; en algunos casos hace más de un año, sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad, y pese a saber de ello, continúan oficiando el pedido de las partidas, para los pagos por los servicios que presta la empresa COLVEN S.A.

                                                           Para orientar a este MPA, digo, que cuando por diversos motivos una unidad policial no funciona, la primera instancia es “fuera de servicio”, con lo cual a la empresa COLVEN S.A. a ese patrullero le figura parado en un mismo lugar por un tiempo prolongado que pueden ser dos o tres meses; en una segunda instancia, sobre esa unidad se informa que el mismo está “radidado”; significa que se pide la baja del mismo y que debe ser compactado. Aclaro que toda lo expresado cuenta en principio con un seguimiento del sistema intranet, que posee el Gobierno Provincial.

                                   Pues, tengo conocimiento, que el Ministerio de Seguridad, ha percibido el dinero, en concepto del servicio brindado por la empresa CORVEN SA, de una gran cantidad de móviles policiales que no tienen uso alguno hace meses, y en algunos casos hace más de un año.

                                   No se trataría esto de un mero error administrativo, e incluso, la empresa CORVEN SA no habría percibido jamás dinero alguno por los móviles que no circulan hace meses (dados de baja), razón por la cual, cabe la pregunta, cuál ha sido el destino del dinero percibido por algún funcionario del Ministerio de Seguridad, y por qué oportunamente de haber sido oficialmente solicitada la baja, no se informó de ello a la empresa COLVEN SA, y se siguió oficiando el pedido de las partidas?

                                   A los efectos, de poner luz los sobre los hechos, solicito a esta fiscalía, pida a la Policía de la Provincia, el listado de móviles dados de baja en los últimos dos años; del mismo modo a la empresa COLVEN SA, sobre la cantidad de móviles del Ministerio de Seguridad sobre los que brinda el seguimiento satelital en los últimos dos años; y al Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, para que indique cual es el monto discriminado al pago de las unidades móviles del Ministerio de Seguridad en los últimos años, con el detalle de los móviles con GPS.

                                   Del mismo modo, independientemente de los registros informáticos, que no pueden ser modificados, solicito se reciba declaración testimonial a los jefes de las Divisiones Logísticas de cada una de las unidades policiales, quienes pueden brindar un detalle de como es el procedimiento cuando se pide la baja y compactación de un móvil policial.

                                   Entiendo que en el último tiempo se viene produciendo con este tipo de operatividad un desmanejo del dinero del Estado, y en el caso particular de lo que denuncio, debe establecerse dónde está el dinero por un servicio que no se brindó; y en su caso, de haberse pagado por algún error involuntario, algo dudoso, por tratarse en algunos casos de más de doce meses, se vislumbre, quien es el responsable político de ello, ya que se afecta el dinero público, de todos.

                                    Significo que es la primera denuncia que realizo con relación a estos hechos, y que quienes pueden respaldar con testimonio lo que aquí expreso, lo detalle más arriba.

                                   Sin más que  agregar, espero se proceda a la investigación pertinente, firmando al pie la presente.

                                        MIGUEL ORLANDO ZALAZAR

 

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